En diciembre de 2017, el propietario de la empresa jamaicana Lajún Michael Lee-Chin notificó al Gobierno dominicano de su intención de recurrir al arbitraje para recuperar más de 300 millones de dólares en pérdidas consecuencia de la expropiación de sus inversiones en el país.
Tras el período de 90 días transcurrido tras la notificación, Lajún ha presentado la demanda de arbitraje invocando el Acuerdo de Libre Comercio Comunidad del Caribe – República Dominicana de 1998.
Lajún solicita al Estado dominicano una compensación de 300 millones de dólares, y 5 millones por daños morales.
En 2007, el municipio de Santo Domingo Norte otorgó el acuerdo de concesión por 10 años del vertedero La Duquesa a Lajún Corporación a través de la que Lee-Chin adquirió 875.000 metros cuadrados de terreno para vertedero, instalaciones de reciclaje y una planta de conversión de residuos en energía (ver “Otorgan a empresa la administración basurero Duquesa“, Elías Ruiz Matuk, Hoy, 02.03.2017).
El Tribunal Superior Administrativo dominicano desposeyó a Lajún de la administración del vertedero.
La notificación del arbitraje, en el que Lajún es representada por el despacho Hogan Lovells, explica que las expectativas y derechos del inversor fueron ignorados y violados por el Estado que buscaba la expropiación de la inversión (ver “Lee-Chin Takes On Dom Rep – Businessman Seeking US$300m From Country’s Government For Expropriating His Investment“, McPherse Thompson, The Gleaner, 21.12.2017).
Según declaraciones de Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo dominicano, recogidas por El Nacional, el Gobierno ha convocado el proceso para contratar a un despacho de abogados internacional especialista en arbitraje, y ya “ha convocado a un número considerable de firmas para que hagan sus propuestas” (ver “Califica de absurda demanda de US$300 MM de Lajun“, El Nacional, 17.04.2018).
