El 6 de maro de 2025, la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) comunicó la formación del comité ad hoc que decidirá sobre la solicitud de anulación instada por Venezuela del laudo de más de 470 millones USD, a favor de la compañía fabricante de embalajes de cartón Smurfit Westrock. La presidenta es la neozelandesa Penelope Ridings y los miembros son el franco-uruguayo Paul Arrighi Bustamante y el francés Yannick Radi.
El Tribunal del procedimiento original, formado por Ricardo Ramírez Hernández, Elliot Polebaurm (designado por la demandante) y Howard Mann (designado por Venezuela), desestimó por mayoría -al laudo se adjuntó una opinión discrepante y una declaración concurrente- las objeciones de Venezuela a su jurisdicción, y sostuvo que hubo expropiación ilegal, trato injusto y desigual, medidas arbitrarias y discriminatorias, y se violó el derecho a garantizar la repatriación de dividendos sin restricciones ni demoras indebidas.
Penelope Ridings ha formado parte de otros tres comités ad hoc en procedimientos de anulación, como presidenta en uno de ellos y como miembro de comité en los otros dos, ej. Eurus v. España. Ridings se desempeña como árbitro independiente.
Paul Arrighi Bustamante ha participado en otros dos procedimientos de anulación, ambos contra España, como miembro de comité: Infracapital y Stadtwerke. Es socio fundador de la firma Estudio Paul V. Arrighi.
Yannick Radi forma parte por tercera vez, al igual que Arrighi Bustamante, de un comité ad hoc en CIADI. Los casos: Cavalum v. España e IC Power v. Perú. Radi es consultor jurídico independiente en asuntos de Derecho Internacional Público.
La controversia
Venezuela confiscó las tierras de las filiales venezolanas de Smurfit, que denunció la falta de devoluciones del IVA, la no autorización por parte de Venezuela de la transferencia de los dividendos de sus filiales sin restricciones ni demoras indebidas y la confiscación del negocio venezolano en 2018 (la compañía perdió el control de la manufacturera que poseía en Venezuela después de ser confiscada por el Gobierno venezolano, que alegaba abusos de posición dominante, durante 90 días).
