El comité ad hoc del procedimiento de anulación solicitado por Venezuela del laudo de 1.600 millones USD a favor de las compañías españolas Agroinsumos Ibero-Americanos S.L., Inica Latinoamericana S.L., Proyefa Internacional S.L. y Verica Atlántica S.L ha confirmado la decisión que tomó un anterior panel internacional.
En noviembre de 2022, Venezuela presentó una solicitud de anulación. El comité ad hoc lo forman el chileno Felipe Bulnes Serrano (presidente), la costarricense Dyalá Jiménez Figueres y la panameña-francesa Katherine González Arrocha.
En 2016, se inició el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra Venezuela. La demanda denunció el incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) por la expropiación, sin compensación, de las inversiones en las sociedades venezolanas Agroisleña, C.A., Insecticidas Internacionales, C.A., Proyefa, C.A. y Venezolana de Riego, C.A.
Finalmente, el 9 de abril de 2025, el comité ad hoc emitió su decisión sobre la solicitud de anulación de Venezuela ratificando la validez del laudo.
Algo más sobre este arbitraje
En 2010, Hugo Chávez expropió las empresas del Grupo Agroisleña, además de Semillas Híbridas de Venezuela y demás filiales. Según un comunicado de la empresa datado en 2016 con motivo de la presentación de la demanda, además, el Estado venezolano se hizo con: “las instalaciones de las empresas, destituyó a sus juntas directivas y nombró juntas administradoras ad-hoc”, lo que provocó la pérdida del control de sus inversiones por parte de las sociedades españoles.
El tribunal formado por el colombiano Eduardo Zuleta (presidente designado por las partes), y los coárbitros argentinos Horacio A. Grigera Naón (designado por los demandantes) y Gabriel Bottini (designado por Venezuela) consideró que la expropiación: “constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela.” La condena del Tribunal a Venezuela asciende a US$1.629.000.000,00 como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela, más intereses, costas y gastos incurridos por Agroinsumos durante el desarrollo del procedimiento. Junto al laudo se recogió opinión disidente de Gabriel Bottini.
