El canadiense Stephen Drymer presidirá el tribunal del arbitraje interpuesto por Gas Natural contra Colombia bajo reglas Uncitral por una demanda de 1.000 millones de dólares. Así ha sido comunicado a través de una radio colombiana.
BLU Radio dio a conocer la pasada semana la designación del presidente del tribunal que arbitrará el conflicto entre Gas Natural y el Gobierno de Colombia por Electricaribe bajor reglas Uncitral -Comisión de Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional, Cnudmi en sus siglas en español- (ver “Eligen presidente del tribunal que definirá demanda de Electricaribe a Colombia“, Redacción Digital BLU Radio, 21.12.2017).
El canadiense Stephen L. Drymer es un reputado abogado y árbitro internacional que, entre otros, ha formado parte de tribunales como el de Burlington vs. Ecuador contra Ciadi. Actualmente es socio y director del área de Arbitraje Internacional de la firma, también canadiense, Woods LLP.
Informe de Colombia acusa a Gas Natural de indebido uso de subsidios
El pasado 17 de diciembre, la Contraloría General de la República de Colombia emitió un informe en el que acusaba a Gas Natural de haber causado un daño patrimonial de 216.894 millones de dólares por indebido uso de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Atlántica.
Según la información: “La empresa -Electricaribe- no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas.”
En este informe, la Contraloría denuncia otras prácticas irregulares de la compañía.
Gas Natural
Tras la liquidación e incautación llevada a cabo por el Gobierno de Juan Manuel Santos de Electricaribe, el 15 de marzo de 2017, Gas Natural comunicaba que dada la situación vivida en la Costa Caribe no le quedaba “otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente.”
La compañía española explicaba que “el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar.”
