Brookfield Asset Management Inc. ha presentado, el 12 de marzo de 2025, un arbitraje de inversiones contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) denunciando la expropiación ilegal de la explotación de autopistas de peaje en Lima, la conocida infraestructura Rutas de Lima, origen de numerosas controversias sometidas ya a arbitraje internacional. La Municipalidad de Lima se ha pronunciado en contra de Brookfield acusándola de desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional por la que se suspendió el peaje de Chillón.
El gestor de fondos de inversión Brookfield reclama 2.700 millones USD en daños y perjuicios por las medidas tomadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima que le han impedido el cobro de los peajes.
La compañía, que invoca el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá en su demanda, en un comunicado ha acusado a la ciudad de Lima y al Tribunal Constitucional de someterle a “acciones arbitrarias” que le han privado de su capacidad para cobrar peajes.
La Municipalidad de Lima ha emitido un comunicado, el 13 de marzo de 2025, en el que lamenta la demanda de Brookfield y la tacha de “socia de la corrupta Odebrecht” haciendo referencia a una decisión del Tribunal Constitucional por la que se retiró “el inhumano y lesivo cobro de peaje de Chillón”. Y finalmente explica que la Municipalidad litiga en Washington contra Brookfield “que compró acciones de Rutas de Lima a Marcelo Odebrecht, sabiendo que estaba preso y sentenciado por corrupción en Perú.”
