Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Bogotá ha presentado, ante el Consejo de Estado, la solicitud de anulación del laudo de alrededor de 65.000 millones de pesos (más de 14 millones de US dólares) que debe pagar al operador Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana.

Bogotá apoya su solicitud argumentando que: los árbitros carecían de competencia para conocer del procedimiento sobre las tarifas de los servicios públicos, que correspondería a las comisiones de regulación, y que el tratamiento de los lixiviados, obligación contractual del operador, tampoco entraba dentro del objeto de decisión del Tribunal (ver “Buscan anular el fallo que ordena un pago millonario al operador de Doña Juana“, Katherine Lancheros, infobae, 29.06.2023).

La Uaesp también ha pedido la suspensión de ejecución del laudo, mientras el Consejo de Estado resuelve sobre la anulación.

El arbitraje

En abril de 2023, el tribunal del arbitraje, administrado en la Cámara de Comercio de Bogotá y formado por los árbitros Alberto Yepes, Rodrigo Durán y Arturo de Brigard (nombrado tras recusación de Rodrigo Noguera), entre la Uaesp de Bogotá y el operador de Residuos Doña Juana decidió que la Uaesp debía indemnizar a este último.

El tribunal tampoco concedió a la Alcaldía bogotana la solicitud de terminación del contrato (la contratista tiene licencia para operarlo hasta 2024), ni la de obligar al operador del Doña Juana a construir una planta para el tratamiento de los lixiviados.

El Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana reclamaba cerca de 1,2 billones de pesos (casi 250 millones de US dólares) a la Uaesp en un conflicto derivado de un contrato que data de 2010 y que ha mantenido a las partes envueltas en conflictos, pleitos y arbitrajes.

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