Un grupo de once asociaciones industriales europeas mantienen en un comunicado que la financiación de litigios por terceros privados no está regulada adecuadamente en la Unión Europea. Las asociaciones sostienen que esta ausencia de regulación provocará el “aumento de los litigios especulativos en la UE, lo que socavar la confianza pública en los sistemas judiciales europeos en un momento en que es crítico mantener la fe en nuestras instituciones democráticas”. La declaración destaca, en cambio, la rigurosa supervisión que se aplica a los servicios jurídicos y financieros en toda la UE.
Los firmantes parten de la rápida evolución del financiación de litigios (third party litigation funding, TPLF) en la UE, como “un modelo de negocio con ánimo de lucro que permite a los financiadores privados, empresas de inversión y fondos de cobertura, firmar acuerdos confidenciales con abogados o entidades cualificadas para invertir en pleitos o arbitrajes a cambio de una parte significativa de cualquier indemnización que pueda concederse, a veces hasta el 40% de la indemnización total, pero puede llegar a ser incluso sustancialmente superior.”
Denuncian que estas prácticas fomentan “litigios frívolos y abusivos”, y perjudican a los verdaderos demandantes y consumidores y que el vacío normativo “contrasta fuertemente con otros sectores relacionados, como los servicios jurídicos y financieros, que están muy regulados en la UE.”
En el comunicado alertan de que un número creciente de financiadores se han establecido en la UE desde la adopción de la Directiva sobre acciones representativas y que es cada vez más activa en las demandas entre empresas y consumidores.
Hablan de “graves problemas éticos” y “amenaza para la seguridad económica de Europa”, explicando que los TPLF con frecuencia inician las demandas y “pueden ejercer control sobre las decisiones tomadas en nombre de los demandantes y, en este contexto, dan prioridad a sus propios objetivos financieros sobre los intereses de los demandantes.” Advierten de que los demandados se ven a menudo obligados a llegar a acuerdos “incluso en demandas poco meritorias.” Y que pueden quedarse con poca o ninguna reparación.
Proponen que se parta de la “Resolution on Responsible Private Funding of Litigation”, adoptada por el Parlamento Europeo en 2022. Piden:
- transparencia,
- un sistema de registro de los financiadores privados en la UE,
- la cobertura de los costes adversos, incluidos los daños y perjuicios resultantes de reconvenciones por parte del demandado,
- un límite a la cantidad que el financiador privado puede exigir del acuerdo final o laudo/sentencia, que sea proporcional a su inversión y riesgo, y
- la prohibición de financiación extranjera o de Estados soberanos.
Firman el comunicado: AmCham EU – American Chamber of Commerce to the EU, BusinessEurope, CEFIC – European Chemical Industry Council, DigitalEurope, EBF – European Banking Federation, EJF – European Justice Forum, EFPIA – European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations, EuroCommerce, ILR – US Chamber of Commerce Institute of Legal Reform, Insurance Europe y MedTech Europe.
