A pesar de que hace dos meses el acuerdo entre Argentina y el fondo Titan Consortium para zanjar la larga disputa que mantiene el país por la expropiación de Aerolíneas Argentinas parecía un hecho, el 8 de enero de 2025, Argentina presentó la apelación contra la decisión de la jueza Jia M. Cobb (District Of Columbia District Court) que el 10 de diciembre concluyó que el laudo, de más de 390 millones USD más intereses, debía ser ejecutado a favor del fondo, y contra la orden del tribunal de 19 de agosto denegando la petición de desestimación.
El 10 de diciembre, el tribunal estadounidense decidió el cumplimiento del laudo dictado en 2017 en contra de Argentina en el arbitraje iniciado por la española Marsans denunciando la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. Los derechos sobre el laudo pertenecen ahora al fondo Titan Consortium, que recibió los derechos de cobro del laudo de Burford Capital Ltd. quien hizo una inversión de 12,8 millones de dólares para sufragar el arbitraje.
El acuerdo trascendió en noviembre y contemplaba el pago de más de 390 millones USD más intereses a partir del día del fallo. En el mismo se podía leer que: “Argentina ha manifestado a Titan a través de su abogado que, dado que Titan retiró su solicitud de intereses de demora sobre la Decisión de Anulación, ya no hay cuestiones en disputa en cuanto a la moción de juicio sumario de Titan, sin perjuicio de la reserva de Argentina de sus derechos con respecto a la defensa de prescripción que fue rechazada en la decisión de la moción de desestimación, incluyendo cualquier derecho a apelar esa decisión. Por lo tanto, este Tribunal debería conceder la Petición de Sentencia Sumaria de Titan en la parte pertinente” [traducción propia] (ver documento “Titan Consortium 1, LLC, v. The Argentine Republic, Civil Action No. 1:21-cv-02250 (JMC)“, Italaw.com).
El arbitraje
El arbitraje se presentó en 2009 por parte de Marsans, propietaria de Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses del Sur, a su vez inversoras en la aerolínea. En 2017, un tribunal, formado por Thomas Buergenthal (presidente), Henri C. Álvarez (designado por los demandantes) y Kamal Hossain (designado por la demandada) condenó a Argentina a indemnizar a las empresas subsidiarias del Grupo Marsans con 320 millones de dólares más intereses.
