En el evento “The Spanish Renewable Cases Roundtable” celebrado el 3 de julio de 2023, varios abogados de inversores en energías renovables han pedido a España que apoye el impulso a la inversión del sector, pague la deuda de 10.000 millones de euros y respete el Estado de Derecho.
Nick Cherryman, socio de Kobre & Kim, Lena Sandberg, socia de Gibson Dunn, y Alan Riley, investigador principal no residente del Centro de Energía Global del Atlantic Council, dirigieron el debate sobre: “Energía renovable, Inversión y Estado de Derecho” sobre los litigios de España en energías renovables.
Entre las conclusiones de los ponentes destacó que la actitud de España puede perjudicar sus ambiciones de atraer inversiones y las de otros países de la UE. Para revertir esta situación España debe abordar las 51 reclamaciones del TCE y pagar los daños y perjuicios reclamados, que superan los 10.000 millones de euros, porque hasta que eso ocurra, los activos de España en todo el mundo seguirán siendo objeto de embargos y secuestros judiciales.
Los oradores examinaron detenidamente las ramificaciones geopolíticas, jurídicas internacionales y económicas del incumplimiento por parte de España de los laudos y las sentencias de tribunales de fuera de la Unión Europea, así como la táctica del Gobierno español de apoyarse en la ayuda estatal para evitar pagar lo que se debe a los inversores en renovables.
Para Nick Cherryman: “El presidente Pedro Sánchez pronunció un discurso sobre las prioridades de la Presidencia Española del Consejo de la UE y mencionó una serie de principios en los que España se compromete, concretamente al avance hacia una transición ecológica, y a la importancia del Estado de Derecho. Irónicamente, estos son principios de los que hemos estado hablando hoy dentro del contexto de las disputas sobre energías renovables, y que España está socavando”.
Investigación de la Comisión de la UE
Según los ponentes, actualmente, España, con el apoyo de la Comisión Europea, está trabajando para anular las indemnizaciones concedidas basándose en el principio de que son incompatibles con la legislación de la Unión y, por tanto, constituyen una ayuda estatal ilegal. Lena Sandberg explicó que: “el único gancho que está utilizando la Comisión es el de que España olvidó una notificación” y que “básicamente están utilizando un argumento artificial basado en un error de España para apoyar el impago”. Sandberg señaló que: “todos los días se dictan sentencias de indemnización por daños y perjuicios” y que “éstas no pueden interpretarse como ayudas estatales”. Y Alan Riley explicó que: “este problema no beneficia a la Unión Europea” y que “los ataques al sistema de mecanismos de arbitraje internacional parecen muy peculiares: mientras las empresas europeas confían en las garantías que ofrece el Tratado de la Carta de la Energía, la Unión Europea intenta al mismo tiempo demonizarlo y socavarlo”.
Los oradores coincidieron en que adoptar esta postura es preocupante tanto para España como para Europa que: “parece estar trabajando en un universo paralelo al del resto del mundo, donde varios tribunales internacionales y nacionales han reconocido los laudos y desestimado los recursos de España.”
España corre el riesgo de disuadir futuras inversiones
Para los ponentes, las acciones de España pueden afectar sus ambiciones de atraer inversiones extranjeras, su posición financiera internacional, y la calificación crediticia del país: debe pagar los más de 10.000 millones de euros de indemnizaciones concedidas en más de 50 demandas de arbitraje por la eliminación retroactiva de los incentivos a la inversión.
Cherryman afirmó que: “España está socavando los bonos soberanos, afectando su propria credibilidad, con consecuencias directas sobre el pueblo españo” y que “así como lo han dictaminado los tribunales ingleses y australianos, el derecho internacional es superior al de la UE. El argumento de la ayuda estatal no impide la obligación internacional [de pagar los laudos arbitrales”.
