El tribunal del procedimiento de anulación del arbitraje Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A.-Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha rechazado la solicitud de anulación del país sudamericano, que tendrá que costear los cargos de representación, además de la asunción de la indemnización de más de 300 millones de dólares.
El 22 de noviembre de 2017, Argentina presentó un recurso de anulación del laudo que en julio le condenó a una indemnización de 320 millones de dólares más intereses por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Las demandantes son ambas subsidiarias de Marsans.
El laudo, dictado el 21 de julio de 2017,contó con el voto disidente del árbitro Kamal Hossain y fallaba en contra de Argentina por tomar control ilegalmente de las inversiones de las demandantes.
El tribunal del procedimiento de anulación se constituyó a finales de diciembre de ese mismo año y lo formaron: Alexis Mourre (presidente); Fernando Cantuarias Salaverry y Ricardo Ramírez Hernández, todos ellos designados por el presidente del Consejo de Administración del CIADI.
Historia del arbitraje por Aerolíneas Argentinas
El arbitraje fue presentado en enero de 2009 ante CIADI alegando la violación del Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones de 1991, entre la República Argentina y España. Se demandaba a Argentina de la nacionalización de dos aerolíneas (Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral-Cielos del Sur S.A. -Aerolíneas Argentinas-) durante el gobierno de Cristina Fernández-Kirchner, que acusó al grupo de mala administración.
En septiembre de 2015, Argentina inculpaba al Fondo Burford Capital LLC de relación fraudulenta con el grupo Marsans. Siguiendo el curso del procedimiento, en abril de 2016 el tribunal cargaba contra el gobierno de Cristina Fernández ordenándole que se abstuviera de vertir denuncias contra las compañías demandantes.
El tribunal del procedimiento fue presidido por el estadounidense Thomas Buergenthal (presidente). El canadiense Henri C. Álvarez (designado por los demandantes) y el bangladeshí, ya citado, Kamal Hossain (designado por la demandada) completaban el trío arbitral.
Durante todo el desarrollo del caso, la defensa de los demandantes la ha llevado a cabo el despacho King & Spalding.
