El arbitraje entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Compañía Nacional de Petróleo de China Internacional (CNPCI), ambas estatales, tiene lugar ante un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Londres.
La CNPCI demandó a Costa Rica por la disolución de Soresco, sociedad conjunta formada por Recope y CNPCI para la financiación, diseño, operación y mantenimiento de la modernización de la refinería costarricense de Moín, que contó con una inversión inicial de 100 millones de dólares, a partes iguales.
La renovación de la refinería aumentaría la capacidad de Moín de 25.000 barriles por día a 65.000, además de elaborar una producción más ecológica.
La china CNPC reclama indemnización por el abandono de un proyecto que contaría con una inversión de 1.500 millones de dólares (gran parte de la inversión sería prestada por el Banco de Desarrollo Chino). El arbitraje comenzó en agosto de 2017, tras una serie de encuentros fallidos y de propuestas rechazadas por las partes.
El 14 de abril de 2016, el Gobierno de Costa Rica hacía un comunicado oficial en el que se citaban las palabras de la presidenta de Recope explicando que: “La actual administración ha hecho todos los esfuerzos, tomando en consideración las disposiciones de la Contraloría General de la República, para que el país no pierda la inversión en este proyecto, que fue resultado de una decisión tomada en administraciones anteriores”.
Entre las propuestas costarricenses para llegar a un acuerdo estuvieron:
- la realización de un nuevo estudio de factibilidad realizado por Recope o por Soresco, o
- que la contraparte china vendiera su participación accionaria a un tercer socio.
En 2013, la Contraloría General de la República de Costa Rica cuestionó el estudio de factibilidad de la refinería, hecho por la empresa china Huanqiu Contracting & Engineering Corporation, HQCEC -subsidiaria de CNPC-, y el análisis de riesgo y factibilidad financiera realizado por WorleyParsons, y frenó el plan.
