La compañía española Globalvia, de gestión de concesiones de infraestructura, ha presentado un arbitraje contra Costa Rica en el que reclama 18 millones USD por la construcción de un viaducto en la autopista Ruta 27 que, según la concesionaria, se debió a un hundimiento generado por una falla geológica.
Según prensa costarricense, Globalvia habría presentado el procedimiento de arbitraje reclamando los costes de construcción de un viaducto afectado por un hundimiento y que se inauguró en 2023 (ver “Globalvía presenta arbitraje y cobra al Estado $18 millones por construcción de viaducto en ruta 27“, Kristin Hidalgo, ameliarueda.com, 04.04.2025).
Globalvia se encarga del diseño, planificación, financiación, construcción, rehabilitación, ampliación, reparación, mantenimiento y conservación de la autopista San José-Caldera, Ruta 27, en Costa Rica, que comunica la capital con uno de los principales puertos del Pacífico.
En un comunicado, la empresa se refería a la inauguración del viaducto el 30 de octubre de 2023 como “un día muy importante para nuestra concesión Ruta 27 en Costa Rica, al celebrar la inauguración del nuevo viaducto que viene a solucionar el problema del hundimiento generado por una falla geológica en el punto kilométrico 44 de nuestra autopista” (ver “Ruta 27 inaugura el nuevo viaducto del punto kilométrico 44“, globalvia.com, 31.10.2023).
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica en 2023, afirmó, en declaraciones recogidas por la prensa que: “el gobierno hizo que el concesionario de la ruta 27 solucionara el problema del hundimiento con la colocación de un puente metálico” (ver “Chaves se atribuyó gestión para viaducto en ruta 27 que venía desde 2021“, Pablo Rojas, crhoy.com, 13.12.2023). En este mismo artículo se indicaba que la estructura fue construida y colocada por la concesionaria que asumió como parte del contrato de concesión.
Pero según el medio ameliarueda.com, la concesionaria reclamó el cobro de la estructura y, al ser rechazada la pretensión, lo elevó al ámbito legal. El Consejo Nacional de Concesiones argumenta que la construcción del viaducto era obligación de la concesionaria y que el hundimiento formaba parte de los estudios de operación de la empresa.
