España invocará la decisión de la Comisión Europea de que pagar una compensación a Antin, basada en el laudo fruto de un arbitraje de inversiones, por las reformas normativas a la producción de energías renovables del Gobierno español “constituye una ayuda estatal ilegal” en las distintas jurisdicciones extranjeras donde se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos intraeuropeos. Y manifiesta su confianza en que los tribunales respeten la decisión de la Comisión como única institución competente.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España ha valorado el rechazo de la Comisión Europea a que el país abone a Antin cualquier compensación relacionada al laudo emitido por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que confirma la posición que mantiene contra el reconocimiento y ejecución de laudos intraeuropeos, derivados de arbitrajes iniciados por inversores de estados miembro de la UE contra otros Estados Miembros.
El Ministerio ha afirmado que esta decisión “será invocada por España en las distintas jurisdicciones extranjeras donde el país, en cumplimiento del derecho de la UE, se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos.” Y añade que espera que los tribunales la respeten, pues la Comisión Europea es la “única institución competente para decidir sobre ayudas de estado.
España destaca el “éxito” en la defensa de los intereses del país
En la nota de prensa, el Ministerio da cuenta de los 51 arbitrajes recibidos al amparo del Tratado de la Carta de la Energía por los recortes aplicados a las renovables y con una suma en reclamaciones que asciende a 10.635 millones:
- 43 arbitrajes ya tienen laudo
- 10 han sido favorables a España
- Ha habido tres anulaciones
- Tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el RDL 17/19
- Ocho están pendientes de laudo
- En los laudos en contra la condena se ha rebajado el 85% de lo demandado
- Las indemnizaciones reconocidas ascienden a 1.514 millones