La compañía checa Draslovka Holdings A.S., empresa de tecnologías químicas y la mayor productora mundial de productos de cianuro de sodio, producto utilizado para la minería de oro, ha presentado un arbitraje de inversiones contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En 2021, adquirió la división de minería de la empresa estadounidense The Chemours Company para ampliar su actividad en México. En diciembre de ese mismo año decidió retirarse de un proyecto de construcción de una planta de cianuro en Durango (México) envuelta en años de disputas con comunidades locales que buscaban evitar la instalación de la fábrica.
Draslovka tiene operaciones de suministro de minas de metales en México en los estados de Zacatecas, Guerrero y Sonora e intereses en las instalaciones de una planta de producción en La Laguna (Durango), a la que no ha podido acceder por las continuas protestas de los pueblos de la zona para llevar a cabo el desmantelamiento de las estructuras.
La instalación en Gómez Palacio (Durango) plantea problemas desde hace años. Tal y como indica la compañía en un informe financiero remitido a la “United States Securities and Exchange Commission”, en agosto de 2017, varios residentes de Durango presentaron una demanda contra la autoridad gubernamental involucrada en el otorgamiento del permiso ambiental del proyecto. En octubre de 2020, un Tribunal Federal Administrativo de Ciudad de México anuló el permiso ambiental existente y solicitó su modificación, incluyendo detalles sobre el manejo, almacenamiento y descarga de amoniaco en las instalaciones. En marzo de 2018, una asociación civil de México presentó una demanda contra las autoridades gubernamentales implicadas en el proceso de concesión de permisos de la instalación. Obtuvieron una suspensión del juez de distrito para detener los trabajos de construcción. Esta suspensión fue posteriormente levantada en apelación y confirmada por el Tribunal Supremo de México. En septiembre de 2019 se presentó una segunda demanda similar y, de nuevo, se concedió la suspensión de la construcción. La Sociedad interpuso un recurso de apelación, por el que recibió una sentencia favorable en junio de 2021.
Sin embargo, en diciembre de 2021, el gobierno de La Laguna de Durango confirmó la salida de Draslovka del proyecto y la retirada del material decididos por la empresa (ver “Draslovka, compradora de Chemours, no se quedará en Dinamita“, Red es Poder, 17.12.2021).
En agosto de 2023, después de la incapacidad de levantar el proyecto por parte de Draslovka, comenzaron los trabajos de desmantelamiento de la planta en La Laguna, se pretendía que culminaran en diciembre de ese mismo año. No obstante, desde febrero de 2024, con prácticamente todos los equipos recogidos salvo estructuras de gran tamaño, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y Territorio evitó el acceso a la planta al personal de la compañía. Draslovka informó de la cancelación forzosa del proyecto así como de la imposibilidad de acceder a su propiedad o de acceso a legislación que protegiera su proyecto (ver “Desalojan a personal de Chemours“, El Siglo de Durango, 31.03.2024). En otras manifestaciones recogidas por este mismo medio de la compañía, Draslovka cifraba las pérdidas en daños y robos de material en más de 30 millones USD (“Draslovka exige al Estado justicia y apego a Ley“, El Siglo de Durang, 30.08.2023).
El 9 de marzo de 2018
Uno de los hechos más controvertidos fue el ocurrido el 9 de marzo de 2018, cuando los manifestantes contra la minería de la empresa Chemours, cifrados en más de mil y de múltiples municipios vecinos, fueron reprimidos por fuerzas del orden e, incluso, hubo arrestos y hospitalizaciones. No fue el único, pues las manifestaciones en contra del proyecto se han sucedido periódicamente (ver “Manifestación deja 17 lesionados“, César Acosta Amaya, El Sol de La Laguna, 09.03.2018).
