El tribunal del arbitraje entre la minera suiza Glencore International A.G. y Colombia ha aceptado la intervención en el arbitraje de dos comunidades indígenas colombianas, como partes no contendientes (Non-Disputing Parties, NDPs). El Tribunal considera que las alegaciones de las Comunidades “podrían ayudarle a comprender plenamente los matices de la controversia que se le ha sometido” y “aportarán probablemente una nueva perspectiva a este arbitraje“. Se destaca en el escrito la importancia del valor espiritual y cultural del arroyo Bruno, amenazado por la explotación Cerrejón, para los pueblos indígenas de la zona.
El tribunal, en cambio, ha rechazado la participación como NDP de la organización Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, CAJAR, porque duda de que tenga un “interés significativo” en este procedimiento, más allá de ser una organización medioambiental o de derechos humanos que tiene interés en garantizar su cumplimiento en las zonas en las que opera.
El arbitraje está relacionado con la ampliación del tajo La Puente de la mina Cerrejón, que implica el desvío de un tramo del arroyo Bruno. Glencore reclama la «suspensión indefinida» de una ampliación «plenamente autorizada y permitida» y cuestiona ciertas medidas judiciales que Colombia alega que surgieron de la necesidad de proteger los derechos fundamentales de comunidades indígenas.
El tribunal parte de que la petición para participar como NDP debe demostrar que “el peticionario debe poseer conocimientos, experiencia o percepciones que vayan más allá o difieran de los de las Partes contendientes.”
En su análisis destaca que: “Teniendo en cuenta las cuestiones sobre las que los Peticionarios pretenden presentar un escrito, en esta fase del arbitraje, el Tribunal considera probable que aporten una perspectiva diferente al arbitraje”. Y manifiesta que: “Las Comunidades tienen fuertes conexiones sociales, culturales y ambientales con las fuentes de agua de la región de La Guajira, y en particular con el ecosistema del arroyo Bruno. Son las más indicadas para asesorar al Tribunal sobre su «visión global y normas culturales […] debido al vínculo social y espiritual fundamental con su territorio»; «los derechos humanos, sociales y culturales del pueblo Wayuu así como el conocimiento del territorio local, de la mina Cerrejón y su historia”.
La presentación del escrito de las comunidades, que debió realizarse el 14 de noviembre de 2024, debía contener información sobre tres apéndices: La importancia del arroyo Bruno y los impactos que han sido y serán generados por el desarrollo del proyecto de desvío, la explotación de recursos a lo largo de su cauce natural y la ampliación del tajo La Puente; el alcance y contenido de las sentencias pertinentes y las órdenes emitidas; y el estado de ejecución de la Sentencia de 2017.
Las comunidades indígenas contra la mina Cerrejón
En 2022, cinco organizaciones internacionales presentaron un Amicus Curiae a la Corte Constitucional de Colombia, ante las demandas de arbitraje de Glencore y Anglo American en contra de Colombia, para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas Wayúu que luchan pacíficamente contra la expansión de la mina de carbón más grande de América Latina, El Cerrejón, ubicada en el departamento de La Guajira.
Las organizaciones, Terra Justa, el Instituto de Estudios Políticos (IPS) – Programa de Economía Global, War on Want, Global Justice Now y la Red Minera de Londres (LMN), presentaron su escrito ante el Tribunal Constitucional en el marco del trámite de seguimiento a la sentencia que protege el Arroyo Bruno.
En 2017, la Corte decidió suspender el proyecto de expansión minera del tajo La Puente por parte de Cerrejón, que amenazaba con destruir parte del ecosistema del Arroyo Bruno, rodeado por bosque seco tropical en peligro crítico de extinción. Según el documento: “El arroyo es fuente esencial para el abastecimiento de agua a las comunidades locales en una región altamente vulnerable a la crisis climática, donde solo el 4% de la población en zonas rurales tiene acceso a agua potable. Asimismo, el arroyo tiene un valor espiritual y cultural insustituible para el pueblo indígena Wayúu. El proyecto se suspendió bajo la condición de que se realizará un estudio técnico que determinará el alcance de sus impactos ambientales y sociales.”
Glencore y Anglo American presentaron sendas demandas de arbitraje de inversiones a mediados de 2021 en virtud de los Tratados Bilaterales de Inversión del Estado Colombiano con Suiza y Reino Unido, respectivamente. El 1 de julio de 2022, Anglo American desistió de su demanda contra Colombia tras vender su participación en El Cerrejón a Glencore.
