El Gobierno de Baja California (México) ha dado detalles de la negociación que mantiene con la compañía holandesa Consolidated Water en relación con el arbitraje presentado por ésta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) hace más de un año. Las partes han alargado el periodo de consultas con el objetivo de evitar el arbitraje del proyecto de construcción de una desaladora en Playas de Rosarito.
Desde su presentación en febrero de 2022, el arbitraje de inversiones presentado por Consolidated Water contra México en CIADI por cancelar el proyecto de construcción de una desaladora en Playas de Rosarito no muestra avances en la administración del procedimiento.
En octubre de 2022, el secretario de Hacienda de Baja California Marco Antonio Moreno Mexía confirmaba las negociaciones con la empresa para evitar el arbitraje. Moreno Mexía ha confirmado a prensa mexicana negociaciones recientes en Miami para alargar el periodo adicionalmente.
El objetivo de la Administración mexicana es cancelar la demanda de arbitraje y según el secretario de Hacienda de Baja California ya habrían vislumbrado “un mecanismo” que les permitirá realizar la inversión evitando el arbitraje (ver “Siguen las negociaciones por planta desaladora en Rosarito“, Andrea Jiménez, La Voz de la Frontera, 08.06.2023).
El origen del conflicto
Consolidated Water Coöperatief, U.A., filial holandesa de Consolidated Water Co. Ltd., empresa de desarrollo y operación de plantas avanzadas de abastecimiento y tratamiento de agua, presentó la solicitud de arbitraje ante el CIADI para recuperar más de 51 millones de US dólares (más de 137 millones de pesos mexicanos) del Gobierno mexicano en relación con la inversión hecha en un proyecto cancelado de desalinización de agua de mar en Playas de Rosarito.
En agosto de 2016, Aguas de Rosarito celebró un acuerdo de asociación público-privada con varias entidades estatales mexicanas, incluyendo el Estado de Baja California, México para el desarrollo, financiación, construcción y operación del Proyecto.
En junio de 2020, las Entidades Estatales rescindieron el Contrato APP por motivos cuestionados por la holandesa y en agosto de 2020, Aguas de Rosarito presentó una solicitud de reembolso de los gastos e inversiones realizados de los que no ha recibido nada.
