Un juez estadounidense ha concluido que que el proceso de venta de las acciones de Citgo puede organizarse sin esperar a la aprobación del Gobierno del presidente Joe Biden. Detrás, la lucha de muchas compañías, entre ellas, la canadiense Crystallex para recuperar los millones que se le deben como indemnización de arbitrajes ganados.
Para el juez Leonard P. Stark, las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense no impiden que se puedan tomar medidas “preliminares” hacia la venta de acciones de PDV Holding (ver “Judge Allows Citgo Sales Process To Go Forward“, Carolina Simson, Law360, 02.03.2022 y “Citgo Sales Process Put in Motion With Venezuela’s Shares Still Frozen“, Andrew Scurria, The Wall Street Journal, 02.02.2022).
PDV Holding es filial en Estados Unidos de la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Es una compañía matriz constituida en Delaware y con sede social en Texas. PDV Holding es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100% de las acciones de su filial CITGO Holding Inc. -accionista única de CITGO Petroleum Corp-.
El juez del distrito de Delaware concluyó el 2 de marzo de 2022 que no esperará a la aprobación oficial del gobierno estadounidense y seguirá organizando los procedimientos de venta de las acciones de PDV Holding. “SE ORDENA por la presente que las objeciones de las Partes del Proceso de Venta a la Orden de Procedimientos de Venta Propuestos por el Perito Judicial Especial sean RECHAZADAS EN PARTE, en la medida explicada en el Dictamen. SE ORDENA ADEMÁS que las Partes del Proceso de Venta y el Auxiliar Judicial Especial se reúnan y consulten y, a más tardar el 9 de marzo de 2022, presenten un informe de situación conjunto [traducción propia]”, se puede leer en el status del caso (ver “Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela“, Pacer Monitor.
La lucha de la minera Crystallex
Crystallex, minera canadiense, lleva tiempo buscando el cumplimiento de un laudo de 1.200 millones de dólares contra Venezuela producto de un arbitraje de inversiones administrado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de sus activos durante el Gobierno de Hugo Chávez.
El arbitraje comenzó en 2011 y se extendió hasta 2016 con el laudo dictado por el panel arbitral compuesto por Laurent Lévy (presidente), John Y. Gotanda y Laurence Boisson de Chazournes.
