El pasado 16 de diciembre, la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) registró la solicitud para la anulación del laudo del arbitraje ConocoPhillips vs. Venezuela, un procedimiento que fue registrado en 2007 y que en septiembre pasó también por un procedimiento de rectificación.
En marzo de 2019, el tribunal del arbitraje internacional constituido bajo administración del Centro Internacional para la Solución de Controversias relativas a Inversiones (CIADI) en el arbitraje ConocoPhillips-Venezuela, emitió el laudo a través del que ordenaba al Gobierno de Venezuela, por unanimidad, pagar a la transnacional la cantidad de $8,7 mil millones -más intereses-, en compensación por la expropiación ilegal de las inversiones de la compañía en el país sudamericano efectuadas en 2007.
En septiembre el tribunal formado por el colombiano Eduardo Zuleta (presidente), el canadiense Yves Fortier -mantenido a pesar de las múltiples recusaciones durante el desarrollo del procedimiento- y el suizo Andreas Bucher consideró el procedimiento de rectificación presentado por Venezuela y resolvió conceder una reducción de 227 millones de dólares sobre el monto de 8,7 billones de dólares adeudado.
El tribunal del procedimiento -entonces formado por Kenneth Keith, Yves Fortier y Georges Abi-Saab– dictaminó en 2013 que la expropiación de las inversiones sustanciales de ConocoPhillips en los proyectos de crudo pesado de Hamaca y Petrozuata y el proyecto de desarrollo offshore Corocoro violaron el derecho internacional.
Arbitraje en la CCI
Otro arbitraje ConocoPhillips vs. Venezuela relacionado también con las explotaciones Hamaca y Petrozuata se administró en la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En relación con éste, la compañía solicitó el 26 de noviembre ante un tribunal estadounidense que decidiera sobre su reclamación ya que Petróleos de Venezuela Pdvsa, estatal venezolana, habría inclumplido el último acuerdo de liquidación de 2018 para los más de 2 billones de dólares fruto del arbitraje relacionado con la nacionalización en 2007 de los dos proyectos petrolíferos y otras medidas fiscales previas a la nacionalización.
Phillips Petroleum Co. Venezuela ltd. y ConocoPhillips Petrozuata BV, subsidiarias de ConocoPhillips, solicitaban al tribunal que emitiera una orden de embargo contra Citgo Petroleum Corp., refinería propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con actividad en EE.UU.
Objetivo: Citgo
En octubre el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una orden concediendo al equipo de Guaidó, reconocido por EE.UU. como legítimo presidente de Venezuela, tres meses para “reestructurar o refinanciar los pagos”.
La emisión de esta orden supone que no se puedan realizar transferencias ni ventas de acciones de Citgo vinculadas al bono PDVSA hasta el 22 de enero.
La semana pasada un tribunal del distrito estadounidense de Delaware suspendió el pleito de la minera canadiense Crystallex que buscaba confiscar las acciones de Citgo para hacer cumplir un laudo superior a 1,2 billones de dólares a Venezuela.
Venezuela alegó la publicación de dos documentos publicados por el United States Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control, que refuerzan su petición para que no se permita la venta de acciones de Citgo hasta la obtención de una licencia específica.
Además de esto, el juzgado de Delaware cita la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda hacerse con el caso (ver “Crystallex Bid To Enforce $1.4B Venezuela Award Put On Ice“, Law360, 12.12.2019).
Venezuela hizo extensible su demanda de atenerse a obtener la licencia específica recogida en los documentos 808 y 809 de la Office of Foreign Assets Control sobre sanciones a Venezuela, a otras compañías que también están buscando confiscar las acciones de Citgo como son Owens Illinois o la propia ConocoPhillips en orden a hacer cumplir grandes indemnizaciones conseguidas en arbitrajes de inversión.
