La compañía de Países Bajos Smurfit Westrock ha anunciado el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en su litigio con Venezuela. El tribunal, formado por Ricardo Ramírez Hernández, Elliot Polebaurm (designado por la demandante) y Howard Mann (designado por Venezuela) emitió el laudo el 28 de agosto de 2024 concediendo a Smurfit Holdings BV, filial de Smurfit Westrock, una indemnización superior a 468,7 millones de dólares, más costes legales de 4,5 millones de dólares, más intereses desde el 31 de mayo de 2024 hasta la fecha de pago.
Según el comunicado de Smurfit, el Tribunal desestimó por mayoría -al laudo se adjuntó una opinión discrepante del árbitro Howard Mann y una declaración concurrente del árbitro Elliot Polebaum- las objeciones de Venezuela a su jurisdicción, y sostuvo que hubo expropiación ilegal, trato injusto y desigual, medidas arbitrarias y discriminatorias, y se violó el derecho a garantizar la repatriación de dividendos sin restricciones ni demoras indebidas.
Venezuela confiscó las tierras de las filiales venezolanas de Smurfit, que denunció la falta de devoluciones del IVA, la no autorización por parte de Venezuela de la transferencia de los dividendos de sus filiales sin restricciones ni demoras indebidas y la confiscación del negocio venezolano en 2018.
El tribunal, concluyó, por mayoría, que la ocupación por parte de Venezuela de las subsidiarias venezolanas de Smurfit en 2018 “constituye[n] una expropiación no adoptada por causa de utilidad pública y no respetuosa con las garantías procesales”.
Tony Smurfit, consejero delegado de Smurfit Westrock, comentó que “el laudo no puede compensarnos por la pérdida total en relación con nuestras operaciones en Venezuela, incluido el impacto significativo que tuvo en nuestra gente y en la comunidad en general allí, ahora perseguiremos el valor total de este laudo del gobierno venezolano.”
El arbitraje
Smurfit Holdings BV demandó a Venezuela invocando el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Países Bajos-Venezuela de 1991 y bajo las reglas de arbitraje de la Convención CIADI a finales de diciembre de 2018.
La compañía perdió el control de la manufacturera que poseía en Venezuela después de ser confiscada por el Gobierno venezolano, que alegaba abusos de posición dominante, durante 90 días.
