Real Hearing. Tan real como en el tribunal


En un intervalo de tres días han sido conocidos dos laudos de arbitraje de inversiones que han dado la razón a Uruguay. El primero administrado por CIADI y con la compañía estadounidense Italba como demandante y el segundo ante CCI emprendido por la empresa brasileña Conecta.

Arbitraje Italba Corporation v. Uruguay

Después de tres años de arbitraje -se registró el 24 de marzo de 2016- entre la compañía estadounidense de telecomunicaciones Italba Corporation y Uruguay, el tribunal ha emitido el laudo en el que da la razón a Uruguay y condena a la demandante a pagar todos los costos del procedimiento.

La demandante alegaba la violación del tratado de protección de inversiones entre EEUU y Uruguay, dado que “a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, el Estado le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en 2000 para brindar servicios de banda ancha”, según información publicada, asimismo, por El Observador “Uruguay enfrenta un segundo juicio internacional, ahora por U$S 100 millones, 28.04.2016“.

Italba solicitaba una indemnización de 65 millones de dólares, sin embargo el Tribunal ha admitido: “la excepción a la jurisdicción opuesta por la República Oriental del Uruguay basada en que Italba Corporation no es dueña de Trigosul S.A. ni la controla, por lo que Italba Corporation no es una inversora” a los fines de los Artículos 1 y 24 del APPRI EE.UU.-Uruguay.

Italba deberá pagar a Uruguay un total de 5.885.344,17 dólares que incluyen todos los costos del arbitraje, incluyend honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, los cargos administrativos y gastos directos del CIADI, así como los honorarios de abogados y expertos y los gastos administrativos en los que ha incurrido en relación con el procedimiento.

El tribunal del arbitraje ha estado presidido por el costarricense Rodrigo Oreamuno -designado por las partes- y como árbitros el británico John Beechey -designado por el demandante- y el australiano Zachary Douglas -designado por el demandado-.

Arbitraje Conecta v. Uruguay

El pasado 25 de marzo el secretario de la Presidencia de Uruguay, Miguel Angel Toma informó que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) desestimó la demanda presentada contra Uruguay por Conecta SA, distribuidora de gas por cañería de la brasileña Petrobras.

En el laudo el tribunal desestima tanto que Uruguay haya incumplido el contrato de concesión de forma grave y reiterada, como que Conecta tenga derecho a terminar inmediatamente el contrato de concesión.

Por otra parte, rechaza que deba existir por parte de Uruguay una compensación monetaria ante “demanda principal y subsidiaria” y que el país tenga la obligación de no perjudicar a la empresa con medidas de fomento a energéticos competitivos.

Posición de Conecta

Según un comunicado de Conecta, el tribunal ha amparado parcialmente la demanda de Conecta contra el Estado uruguayo, determinando que el Estado tiene la obligación de recomponer el equilibrio económico-financiero de la distribución de gas natural en el interior de Uruguay y de negociar de buena fe a esos efectos.

Según el comunicado que Conecta ha hecho llegar a CIAR Global: “en el laudo, el tribunal concluyó que el equilibrio del negocio se quebró debido a causas no previstas por Conecta, concesionaria del servicio, al inicio de la operación a fines de los 90.”

La compañía explica, entre otros, que: “Para el Tribunal la distribución de gas natural se hizo sobre la base de que habría gas abundante y a precios competitivos que vendría desde Argentina. Sin embargo, las medidas que tomó Argentina a partir de 2004 llevaron a un aumento del precio del gas natural y a una reducción de los volúmenes disponibles para Uruguay. Estas, dijo el tribunal, son circunstancias graves e imprevistas que afectaron la ecuación económico-financiera de la concesión.

Historia del arbitraje

A mediados de agosto de 2017, se dieron a conocer los arbitrajes presentados por las dos filiales de la estatal brasileña Petrobras Montevideo Gas y Conecta contra Uruguay debido al precio pagado por el gas argentino importado por el país uruguayo, alegando entre otros motivos que éste “fue multiplicado por ocho entre 2005 y 2015”. Conecta solicitaba más de 57 millones de dólares en compensación. En un comunicado difundido a la prensa por Petrobras, ésta explicaba que en mayo de 2017 “las condiciones de suministro de gas para las distribuidoras en Uruguay empeoraron”, éstas “se encarecieron y los nuevos costos aún no fueron contemplados en las tarifas por el Estado uruguayo”.

Según la empresa brasileña los costes no se aplicaron en las tarifas al público por lo que se generó un “desequilibrio económico-financiero”. Petrobras, además alegaba que llevaba tiempo “reclamando al Estado uruguayo el cumplimiento de medidas que corrijan diversos problemas que afectan sus operaciones”.

El tribunal del arbitraje lo han formado por Yves Derain (presidente), Antonio Hierro (designado por la demandante) y Diego Fernández Arroyo (designado por la demandada).

Uruguay enfrenta otra demanda de parecidas características impulsada por Montevideo Gas, otra subsidiaria de Petrobras.

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