Real Hearing. Tan real como en el tribunal

Dos arbitrajes de inversiones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tiene abiertos Uruguay, uno el de Italba a punto de concluir, y el de Latin American Regional Aviation Holding apenas recién estrenado. Amenazas como la de Acciona también cuentan para la Administración uruguaya. Mientras el ministro de Transportes del país aboga por atraer a la inversión privada.

  • El de Latin American Regional Aviation Holding

El 23 de mayo de 2019 la compañía panameña Latin American Regional Aviation Holding S. de R.L. presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Uruguay por la expropiación de la antigua aerolínea uruguaya Pluna Líneas Aéreas Uruguayas ante el CIADI.

La compañía fue fundada en 1936 y nacionalizada en 1951, en 1995 sufrió un proceso de privatización parcial, al que le siguió en 2007 la venta por parte de Uruguay de una participación del 75% en la aerolínea al fondo de capital privado uruguayo Leadgate, compañía matriz de Latin American Regional Aviation Holding.

Además de una serie de hechos que afectaron gravemente la actividad de la compañía a partir de 2012, como la crisis monetaria de Uruguay, las cancelaciones de vuelos producida por la erupción del volcán Puyehue en Chile o las ayudas a compañías rivales como la argentina Aerolíneas Argentinas, la compañía acusa a Uruguay de tomar medidas arbitrarias que produjeron su quiebra y consecuente venta a través de un fideicomiso propiedad del Gobierno uruguayo.

  • El de Italba:

Después de tres años de arbitraje el 22 de marzo de 2019 se conoció el desenlace de arbitraje entre la compañía estadounidense de telecomunicaciones Italba Corporation y Uruguay, el tribunal, presidido por el costarricense Rodrigo Oreamuno -designado por las partes- y como árbitros el británico John Beechey -designado por el demandante- y el australiano Zachary Douglas -designado por el demandado-, emitió el laudo en el que daba la razón a Uruguay y condenaba a la demandante a pagar todos los costos del procedimiento.

Italba solicitaba una indemnización de 65 millones de dólares, pero el Tribunal admitió: “la excepción a la jurisdicción opuesta por la República Oriental del Uruguay basada en que Italba Corporation no es dueña de Trigosul S.A. ni la controla, por lo que Italba Corporation no es una inversora” a los fines de los Artículos 1 y 24 del APPRI EE.UU.-Uruguay.

Italba tendría que pagar a Uruguay un total de 5.885.344,17 dólares que incluyen todos los costos del arbitraje, incluyendo honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, los cargos administrativos y gastos directos del CIADI, así como los honorarios de abogados y expertos y los gastos administrativos en los que ha incurrido en relación con el procedimiento.

El 2 de julio de 2019, la compañía estadounidense de telecomunicaciones Italba presentó la anulación del laudo del arbitraje contra Uruguay por no poder contar con el testimonio de un testigo esencial. Desde el 3 de diciembre, el procedimiento está suspendido por falta de pago de los anticipos requeridos en el Reglamento Administrativo de CIADI.

  • Y Acciona

En 2019 aún se barajaba la posibilidad de que Acciona entablara un arbitraje de inversiones con Uruguay en relación con la licitación del proyecto “Ferrocarril Central” en el que el Gobierno uruguayo descalificó a la española.

El ministro de Transportes de Uruguay por la inversión privada

El ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay Luis Alberto Heber abogó por  fórmulas de asociación con capital privado para financiar obras necesarias que el país no puede financiar. Las declaraciones se hicieron con motivo de la apertura del II Seminario de Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje, organizado por la Cátedra de Régimen Jurídico del Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y la asociación civil Pro Arbitraje y Mediación (Red Arb Med) los días 12 y 13 de marzo de 2020.

“Si no tenemos los recursos suficientes para hacer obras en forma directa, debemos buscar fórmulas de asociación con capital privado que sustituyan el capital que nosotros, como Estado, no tenemos”, explica en la información publicada por la Presidencia de Uruguay.

Uruguay gastó en vialidad el año pasado 57 millones de dólares correspondientes al 2020.

El ministro expresó la necesidad de auditar el estado de las carreteras del país explicando: “Me gustaría tener un dato científico sobre el estado efectivo de las rutas. Para saber dónde estamos parados es necesario tener una auditoría del estado real de las rutas, de las redes primaria, secundaria y terciaria, principalmente en las dos primeras”.

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