El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) continuará con la apertura del arbitraje presentado por el Gobierno Regional de Arequipa contra el consorcio Angostura Siguas, propiedad de la compañía española Cobra. Será el tribunal formado para su administración el que decida si tiene o no jurisdicción sobre el procedimiento que Cobra busca llevar a arbitraje de inversiones.
El 29 de agosto el Gobierno Regional de Arequipa anunció la apertura del procedimiento contra la concesionaria Angostura Siguas, ante el centro de arbitraje de la CCL. La decisión fue tomada por el Gobierno Regional tras agotar la vía del trato directo, rechazada por Cobra a mediados de agosto, según explicó Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa.
La empresa Cobra se opuso a que este arbitraje se abriera en el Centro de arbitraje de la CCL porque argumenta que la instancia para dirimir esta controversia tiene que ser internacional, es decir, un arbitraje de inversiones, puesto que la cuantía supera los 30.000 millones de US dólares.
Para Cobra, el foro adecuado es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones (CIADI). La española además propone que el periodo de trato directo se estableciera con el Sistema de Coordinación y Respuestas del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI).
La decisión de seguir con la apertura del procedimiento ante el centro de arbitraje de la CCL fue tomada por sus consejeros Lilian Rocca, Huáscar Ezcurra y Madeleine Osterling, con la abstención de Luis Bustamante, presidente del Consejo (ver “Arequipa: arbitraje contra Cobra por Majes Siguas II seguirá en Lima“, La República, 07.11.2023).
El conflicto
El 1 de octubre de 2021 la concesionaria Angostura Siguas, del Grupo Cobra, informó a Perú y al Gobierno Regional de Arequipa que se retiraría del proyecto Majes-Siguas, de regulación y derivación de recursos hídricos, tras no conseguir respaldo ni garantías del Estado peruano para la financiación; y después de sucesivos incumplimientos en los plazos. Cobra pedía la caducidad del contrato.
El plazo para firmar una adenda de incremento de presupuesto al contrato del proyecto y evitar el recurso del arbitraje finalizaba el 30 de octubre.
Sin embargo, el plazo concedido por la empresa se fue incrementando. Las pérdidas de la concesionaria Angostura Siguas se cifraban en 2020 en 67 millones.
