Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Un tribunal colombiano ha rechazado el reconocimiento y ejecución del laudo “The PV Investors v. The Kingdom of Spain“, dictado en un arbitraje de inversión bajo administración de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), considerando que carece de jurisdicción frente al Reino de España.

El pasado 30 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó la solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero emitido en el arbitraje de inversión de The PV Investors contra España, administrado en la CPA de 2012 a 2020 bajo normas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

El rechazo se basó en el artículo 90 del Código General del Proceso de Colombia (CGP). Dicha norma prevé que: “El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…) El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia (…)”.

Para Angélica Perdomo (Zuleta Abogados y Asociados): “Llama la atención que, en su decisión, la Corte no hizo referencia alguna a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento de Laudos Extranjeros. La Corte simplemente rechazó la solicitud de reconocimiento por considerar que carecía de jurisdicción frente al Reino de España en vista de su inmunidad de “jurisdicción”, sin entrar a analizar el régimen de inmunidades, ni las diferencias entre la inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución.”

La solicitud de ejecución ha sido presentada por Swiss Renewable Power Partners SARL.

El arbitraje de PV Investors

En 2011, un grupo de inversores de instalaciones de energías renovables de Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido interpusieron el primero de los arbitraje de inversiones contra España por las renovables.

Lo hicieron bajo el nombre de The PV Investors. La demanda pretendida era la más cuantiosa de las interpuestas contra el país hasta el momento: un total de 1.900 millones de euros (2.200 millones de US dólares). Finalmente, el 28 de febrero de 2020 se conoció el resultado de este arbitraje que redujo los daños que tiene que enfrentar España a 91 millones de dólares.

El tribunal encargado del arbitraje lo formaron Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidenta), Charles N. Brower (designado por los demandantes) y Bernardo Sepúlveda Amor (designado por la demandada).

En la conclusión, el tribunal explicó que España vulneró el artículo 10, apartado 1, del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con las reformas energéticas que se sucedieron entre 2010 y 2014, pero manifestó que no fueron desproporcionadas dado que el gobierno optaba por un modelo que fuera sostenible, y reconoció el derecho de las empresas a recibir una compensación justa. El tribunal también negó la falta de transparencia del Gobierno que los demandantes reclamaban como violación del TCE.

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