Telefónica está ante un nuevo arbitraje de inversión contra Perú sobre una controversia relacionada con el pago del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y 2001, tras una sentencia de la Corte Suprema desfavorable para la filial de la compañía Telefónica del Perú.
El 17 de enero de 2023, Telefónica del Perú presento un Hecho de Importancia ante el Registro Público del Mercado de Valores peruano en el que explica que: “la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema nos notificó la resolución judicial que resuelve, en última instancia y de manera desfavorable a la Compañía, el proceso contencioso administrativo referido al Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y 2001”.
En este caso, la compañía estaría esperando conocer la cuantía de la multa y aunque la sentencia de la Corte Suprema es firme podrían recurrir de nuevo ante el CIADI (ver “Telefónica tendrá que pagar la mayor multa de su historia tras perder una batalla fiscal en Perú“, El País, 18.01.2023).
Otras fuentes dan por presentada ya la demanda de arbitraje de inversiones en la que Telefónica reclamará el retraso del Perú en la tramitación de controversias que ha encarecido, a través de los intereses, la reclamación fiscal (ver “Telefónica lleva a Perú ante el Ciadi por una multa de cien millones más intereses de 20 años“, Antonio Lorenzo, El Economista, 18.01.2023).
El arbitraje abierto
El primer arbitraje de inversiones de Telefónica SA contra Perú fue presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en marzo de 2021 invocando el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones España-Perú de 1994 por reclamación de impuestos. Telefónica acusa a la SUNAT de utilizar actuaciones arbitrarias y discriminatorias en un conflicto que nos retrotrae a 1998, 2000 y 2001 y en el que el 90% del monto en disputa correspondería a intereses, pues la española sostiene haber cumplido con sus obligaciones respecto al impuesto a la renta.
