Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El pasado 7 de marzo se dio por concluido el arbitraje que enfrentaba a Costa Rica contra dos compañías de gas suizas, Cervin Investissements SA y Rhone Investissements SA, negando la indemnización que solicitaban las gasistas al considerar que el Gobierno costarricense no causó daño alguno a la empresa Gas Nacional Zeta (de la que las suizas compartían el capital accionarial).

En el comunicado hecho público por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, titular de la cartera, se congratula porque: “Este es el segundo laudo de arbitraje internacional de inversión recibido en lo que va del año 2017, cuyos resultados son favorables al Estado costarricense. Ello demuestra que estos mecanismos operan con imparcialidad y objetividad”. Recordemos que hace apenas dos meses, el Ciadi dio la razón a Costa Rica en el arbitraje mantenido con las españolas Supervisión y Control.

A través del arbitraje, que fue registrado en marzo de 2013, Cervin y Rhone reclamaban 75 millones de dólares como indemnización alegando el rechazo de sus solicitudes de aumentos tarifarios al gas licuado de petróleo por parte de Aresep, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (institución autónoma cuya función consiste en fijar los precios y tarifas y velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios públicos en Costa Rica).

El comunicado del Ministerio de Comercio Exterior explica que: “Según el laudo arbitral emitido, aun cuando hubo demora en una resolución de un recurso administrativo, no se acreditó que ésta hubiera causado daño alguno a la empresa y, por ende, no corresponde otorgar ninguna indemnización a las empresas demandantes.” Además, el tribunal ordena a las suizas cancelar al Gobierno de Costa Rica el 50% de los gastos incurridos en el arbitraje.

Opinión disidente

El tribunal del arbitraje estuvo conformado por el francés Alexis Mourre, presidente, el mexicano Ricardo Ramírez (designado por el demandante) y el chileno Andrés Jana Lintzky (designado por la demandada). Al laudo se adjuntó una opinión disidente parcial de Ricardo Ramírez.

La defensa de Costa Rica la ha llevado a cabo el despacho londinense Baker Botts.

Créditos imagen: Krish Dulal. Wikimedia.

 

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