Cuando en 2020, unas declaraciones de Antonio Llardén, presidente de Enagás, parecían indicar que el fin del conflicto arbitral con el Gobierno peruano por el Gasoducto Sur Peruano encontraría su fin en 2022, la compañía energética española abre un nuevo frente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) con la presentación a finales de 2021 de una nueva demanda de arbitraje de inversiones.

La demanda de arbitraje fue presentada por Engás Internacional SLU el 23 de diciembre de 2021 invocando -al igual que en la demanda registrada en julio de 2018- el Tratado Bilateral de Inversiones España-Perú de 1994 y bajo Reglamento de la Convención CIADI.

Ambas partes cuentan en este caso con los mismos despachos que en el primer procedimiento (Linklaters, Madrid y Washington, y CMS-GRAU, Lima, en el caso de los demandantes; y Arnold & Porter Kaye Scholer, Washington y Londres, en el caso de Perú).

Enagás está presente en Perú desde 2014 con Transportadora de Gas del Perú (TgP), con un 28,94% de participación y Compañía Operadora de Gas (COGA), con un 51%. También cuenta con un gasoducto de 729 kilómetros y un poliducto de 557 kilómetros, que conectan los yacimientos de Camisea -sobre el que el nuevo gobierno de Pedro Castillo anunció una renegociación de las condiciones el año pasado- con los centros industriales de Lima y Pisco y con la planta de licuefacción de Melchorita, única terminal de exportación de gas natural licuado existente en Perú. Asimismo, la gasística española cuenta con el 51% de la Compañía Operadora de Gas (COGA), responsable de la operación y mantenimiento del sistema de transporte de TgP (Información recogida en enagas.es).

En el primer procedimiento iniciado en 2018 -que tiene como trasfondo la concesión compartida con Odebrecht y Graña y Montero en la construcción del famoso gasoductor peruano GSP- Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto (su demanda se eleva a 1.800 millones de euros), alegando que la Administración Peruana no podrá cumplir las obligaciones que establece el contrato para el caso de terminación. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.

Enagás investigada por la Fiscalía peruana

La posibilidad de que la española Enagás estuviera implicada en la consecución del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano junto a Odebrecht ha llevado a la Fiscalía peruana a investigar a la gasística. La situación tomó una complicación más abultada para la gasística en 2021, cuando el juez encargado del caso incluyó en la causa para esclarecer si hubo corrupción en la concesión del proyecto, a Jesús Saldaña, director general de Enagás Internacional.

Enagás recibió la noticia de ser incluida como investigada en el caso en julio de 2019. Como consecuencia de ello, Enagás hizo público un comunicado en el que señalaba no haber participado ni tener conocimiento de actos ilícitos relacionados con la concesión del Gasoducto.

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