Cuando parecía que los ánimos estaban más calmados tras el impulso del Gobierno español del Real Decreto sobre la nueva retribución a las explotaciones de energía renovable que hizo que algunas compañías dieran marcha atrás en sus reclamaciones, en agosto fue la irlandesa Spanish Solar, y ahora ocho compañías alemanas encabezadas por TS Villalba las que presentan la 39ª demanda de arbitraje de inversiones relacionada con los subsidios a las energías renovables ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

TS Villalba y otros presentaron la demanda de arbitraje el 16 de septiembre de 2021 para reclamar al Estado español una indemnización por el recorte de las primas a las energías renovables.

Los inversores, como todos los anteriores, invocan el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), actualmente en proceso de revisión y cuentan con los despachos King & Spalding y Gómez-Acebo & Pombo en su defensa.

El 3 de agosto, la irlandesa Spanish Solar registró su solicitud de arbitraje invocando el TCE. La irlandesa cuenta con la firma Osborne Clarke.

La UE y su voz en los arbitrajes contra España

El 4 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó un amicus brief en el procedimiento de ejecución de laudo de la compañía británica InfraRed Environmental Infrastructure GP Ltd. y un grupo de coinversores británicos ante el tribunal de distrito de Columbia para defender lo que ha sido su discurso en los últimos meses: que el arbitraje del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) intracomunitario es incompatible con el Derecho de la Unión.

El 3 de marzo el Abogado General de la Unión Europea Maciej Szpunar concluyó esto mismo tomando como base la sentencia Achmea. Consideraba Szpunar que el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía es incompatible con el Derecho de la Unión cuando se aplica en un contexto intracomunitario: “opino que el tribunal arbitral establecido de conformidad con el artículo 26 del TCE, incluso en una controversia entablada por un inversor de un Estado miembro contra otro Estado miembro, se encuentra fuera del sistema judicial de la Unión.”

En el arbitraje de RREEF la Comisión también se manifestó en parecidos términos y planteó que el arbitraje de inversiones entre RREEF y España debe resolverse bajo la legislación europea.

La última decisión en parecidos términos la encontramos el 2 de septiembre cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sostuvo que la cláusula de arbitraje inversor-Estado del TCE no cubre los litigios de inversión intracomunitarios.

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