Rusoro Mining ha anunciado que Venezuela ha retirado voluntariamente la apelación de la sentencia de 1.620 millones de dólares dictada por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington DC a favor de la minera en relación con un laudo de un arbitraje iniciado en 2012.
Dicha sentencia confirmó el laudo de un tribunal de arbitraje de inversiones con sede en París, que determinó que Venezuela había expropiado las inversiones de Rusoro violando el derecho internacional, y concedió una indemnización a la minera por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la incautación de sus inversiones por el Gobierno venezolano.
Según el comunicado de Rusoro la decisión de Venezuela de renunciar a su apelación en Estados Unidos se produce después de que el Tribunal de Casación francés -el más alto tribunal de Francia- dictara a principios de este año una sentencia que rechazaba los argumentos de Venezuela de que el laudo arbitral era inválido.
Esta sentencia permite a Rusoro “continuar con sus esfuerzos de ejecución a nivel mundial. Andre Agapov, director general de Rusoro, declaró que “tenemos la esperanza de que la decisión de Venezuela de retirar su recurso en Estados Unidos refleje una decisión de su parte de respetar el derecho internacional y lleve a Venezuela a compensar finalmente a Rusoro de acuerdo con las sentencias del tribunal de arbitraje y de los tribunales de Estados Unidos”. Y añadió que si Venezuela no paga la sentencia de EE.UU. voluntariamente, Rusoro continuará con sus esfuerzos de ejecución contra los activos venezolanos dondequiera que se encuentren.
El origen del arbitraje
El conflicto entre la canadiense Rusoro y Venezuela se originó en 2011, cuando la República Bolivariana asumió la explotación de las minas de oro del país a través de Minerven, empresa estatal. Rusoro, que disponía de varios yacimientos en el sureste del país acusó a Venezuela de expropiación y registró la demanda de arbitraje ante Ciadi el 1 de agosto de 2012.
El tribunal del arbitraje, constituido en enero de 2013, lo formaban el español Juan Fernández-Armesto (presidente designado por las partes), el chileno Francisco Orrego Vicuña (designado por el demandante) y el austríaco alemán Bruno Simma.
