El panel del arbitraje de inversiones entre la compañía panameña energética Inversiones y Desarrollos Energéticos y Honduras ya ha sido constituido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por Luca G. Radicati di Brozolo, Óscar Garibaldi y Mónica Pinto.
Inversiones y Desarrollos Energéticos SA fue la tercera energética que recurrió al arbitraje de inversión del CIADI en 2023, tras las compañías noruegas Scatec ASA y Norfund y KLP Norfund Investments.
El tribunal
Luca G. Radicati di Brozolo tiene experiencia en nueve tribunales CIADI, siete como presidente y dos como coárbitro. Entre los procedimientos: The Lopez-Goyne Family Trust v. Nicaragua, América Móvil SAB v. Colombia, IC Power Kenon Holdings v. Perú, Valores Mundiales v. Venezuela y CB&I v. Colombia.
Óscar Garibaldi tiene experiencia en otros 15 procedimientos CIADI, ocho también como coárbitro y el resto como counsel de una de las partes. DCM Energy-España (pendiente), Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos-Chile (pendiente), Valores Mundiales y Consorcio Andino-Venezuela, Tidewater Investment-Venezuela o Lupaka Gold v. Perú.
Mónica Pinto cuenta con experiencia en otros dieciocho procedimientos CIADI: en dos arbitrajes como presidenta de tribunal, en siete como coárbitra y en nueve como miembro de comités de anulación (tres de ellos como presidenta). Casos: JGC Holdings v España, IBT Group v Panamá; Quanta Services v Perú; Perenco v Ecuador; Dan Cake v Hungría; Italba v Uruguay…
El sector de la Energía en Honduras
Desde la toma de posesión de la presidenta de Honduras Xiomara Castro, ya se alertó a la difícil situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y su enorme deuda. Según Fabián Villeda, abogado hondureño: “La empresa estatal de energía tiene una deuda creciente con las generadoras que, según datos públicos, suma un aproximado de 750 millones de dólares. Otro detalle no menos importante es que algunas empresas se vieron obligadas a renegociar sus PPAs (contratos de compraventa de energía).”
La renegociación de contratos derivada de la nueva normativa impulsada por el Gobierno de Castro se ve, en muchos casos, como un amago de expropiación, todo ello agravado por las deudas arrastradas con las energéticas.
