“Presente y futuro de las inversiones extranjeras entre España y Venezuela. Un estudio a partir del APPRI y el arbitraje de inversiones“. Por Alejandro Gallotti, abogado especialista en derecho público y protección de inversiones extranjeras. Independent researcher de la Universidad de Georgetown (Washington DC, EE.UU.). Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Público en la UCAB (Venezuela). Junior partner de LEĜA.
A modo de introducción
Si bien los acuerdos para la promoción y protección de inversiones y sus medios de resolución de controversias se desenvuelven dentro de parámetros más o menos estándar, ello producto de una evolución de las relaciones diplomáticas, las transacciones económicas y el impacto que la denominada globalización ha traído en las inversiones internacionales, así como la experiencia en conflictos suscitados, los cuales, antiguamente eran resueltos por vía diplomática para hoy en día dirimirse usualmente o bien a través de la negociación amigable o bien a través del arbitraje internacional de inversiones, tenemos sin embargo, nuevas situaciones de hecho, nuevas relaciones jurídicas y en definitiva nuevas experiencias con el paso de los años que, aunque puedan tener algún precedente en el pasado, no son precisamente comunes o al menos no dejan de ser significativas para la búsqueda de soluciones ante posibles controversias futuras.
La posición que ha tenido Venezuela desde 1999 frente a las inversiones extranjeras es posiblemente un hecho notorio comunicacional, desde confiscaciones de bienes muebles e inmuebles (denominadas generalmente “expropiaciones” u “ocupaciones”, pero que no seguían el procedimiento legalmente establecido, sin olvidar que rara vez se indemnizaba al propietario por la pérdida o daño patrimonial), controles de precios, regulaciones en el marco cambiario, estatizaciones y nacionalizaciones de industrias, hasta problemas de corrupción y abuso de poder sistemático en lo que concierne a las actividades económicas y libertad de empresa, ocasionaron que ya para el año 2017 Venezuela se convirtiera en el segundo país del mundo, después de Argentina, con más demandas internacionales de arbitraje de inversión, lo que según expertos constituía, en sumatoria de condenas arbitrales, entre $13.000 y $20.000 millones de dólares. De hecho, de los 18 casos que ya cuentan con laudo arbitral firme podemos destacar las indemnizaciones a Gold Reserve por $740,3 millones, Owens Illinois por $455 millones, Tidewater por $48,9 millones, el operador chileno IDC y su socio suizo Flughafen Zürich por $33 millones y Exxon-Mobil por $1.600 millones, de los cuales hay que descontar $747 millones ya pagados por una condena previa a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) con ocasión a un arbitraje bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El monto de solo esas cinco condenas asciende a $2.130,2 millones.
Pero es que el caso venezolano tiene muchas otras aristas que merecen atención, desde el uso de entes descentralizados tanto con fines fundacionales como empresariales -la industria petrolera en particular- para llevar a cabo operaciones bajo el control del gobierno, pasando por un número enorme de privilegios tanto en materia de contratación pública como judicial que son empleados tanto por la administración central como la descentralizada, lo que ha dejado en situación ruinosa diversos proyectos de infraestructuras e incluso a los propios contratistas, hasta una actitud negativa frente al cumplimiento voluntario de los laudos arbitrales, hacen del caso venezolano en esta materia algo complejo.
En este trabajo se abordará lo antes expuesto con un enfoque particular en el APPRI España-Venezuela, examinando además la situación económica que enfrenta el país latinoamericano, abarcando un aspecto especialmente polémico como lo es la legitimidad para la representación de Venezuela ante un tribunal internacional.
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