Perú, a través de su Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) ha manifestado su negativa a mantener encuentros amistosos en relación con el arbitraje que mantiene con Odebrecht Latinvest ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y a raíz de una carta recibida en la que la compañía le pide a Perú reunión para realizar “tratativas amistosas”.

La Comisión Especial* que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión ha informado, desde la página web del Ministerio de Economía y Finanzas peruano, respecto al arbitraje de inversiones iniciado por la empresa Odebrecht Latinvest S.à.r.l. (OLI Lux) ante CIADI y la carta recibida el 12 de febrero de 2020 mediante la que se le solicita una reunión para realizar “tratativas amistosas” que:

“De haber existido una verdadera voluntad de buscar una solución a la disputa, OLI Lux habría contactado a la Comisión Especial antes de presentar su Solicitud de Arbitraje. No es posible aceptar negociar con una empresa que utiliza medidas de presión en contra del Estado.”

“[…] el Estado peruano ya no tiene obligación legal de negociar con OLI Lux bajo el Convenio sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Perú y la Unión Económica Belgo-Luxemburgesa (2005), ni bajo derecho internacional público general.”

Que la admisión de actos ilícitos por parte de Odebrecht en relación con el proyecto de Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano y “mientras no se determine de forma certera el alcance de tales hechos y prácticas”, la Comisión no puede aceptar la propuesta de OLI Lux.

El arbitraje

Un total de 1.200 millones de dólares (US) demanda en arbitraje la compañía Odebrecht a Perú en relación al Gasoducto Sur Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

El 4 de febrero se registró la demanda de arbitraje de Odebrecht por la Secretaría del CIADI. La constructora lo hace a través de su filial Odebrecht Latinvest con sede en Luxemburgo por lo que invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Perú-Bélgica-Luxemburgo de 2005, por la cancelación arbitraria del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano en febrero de 2017 y otras medidas que violaron los derechos de Odebrecht Latinvest como “la ejecución de la carta fianza correspondiente”, tal y como refleja el Gobierno peruano en una nota de prensa emitida en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

La terminación del contrato por parte del Estado peruano se debió a la imposibilidad de que el consorcio -formado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás– obtuviera financiación dentro del plazo previsto en la concesión.

*La Comisión Especial es el órgano multisectorial creado en el marco del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), que tiene a su cargo la representación del Estado en controversias internacionales de inversión, en las etapas de trato directo, conciliación y arbitraje.

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