Perupetro, en representación del estado peruano, está inmersa en un arbitraje con el consorcio argentino Pluspetrol que concierne al yacimiento de gas de mayor importancia de toda América Latina: el proyecto Camisea.

En 2012, Pluspetrol ya interpuso una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión, Ciadi, que concluyó en laudo favorable a Perú en mayo de 2015, por lo que el consorcio, integrado por las compañías Hunt Oil, SK Innovation, Tecpetrol, Repsol y Sonatrach, afrontó un pago de 66,5 millones de dólares por reexportar el gas natural exportado EE.UU.

Sin embargo, Perupetro, exige en representación del Gobierno de Perú: “el pago de 106 millones de dólares de regalías diferenciales por la reexportación de gas natural”, según explica en nota de prensa. E indica que “39.3 millones de dólares corresponden al pago de regalías diferenciales como resultado de una exhaustiva revisión efectuada en fecha posterior al Laudo, de todos los embarques realizados desde el año 2010, en que se inició la exportación de gas hasta abril de 2016.”

En una reciente entrevista hecha al ministro de Energía y Minas peruano por Carlos Bessombes de la publicación La República de Perú, éste explicaba que se encuentran pendientes de laudo para “redefinir una metodología para el cálculo de regalías en casos de reexportación.”

Derechos Humanos

La explotación del yacimiento de Camisea es especialmente relevante en el ámbito medioambiental y de los Derechos Humanos, dado que el entorno es un espacio sensible de importancia global y corazón de la reserva Nahua-Nanti, en el Amazonas peruano, una de las áreas protegidas más importantes del mundo. Desde que comenzaron las explotaciones, grupos de presión, como Survival International, reclaman un mayor control de la explotación de gas en defensa de las tribus que habitan la zona y de sus recursos naturales.

 

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.