La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el 28 de septiembre una resolución en la que solicita al Ejecutivo panameño el retiro del contrato de concesión entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. En marzo de este año, el Gobierno de Panamá y la filial de la canadiense First Quantum Minerals, Minera Panamá, acordaron el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. Meses antes First Quantum había comunicado a Panamá la apertura de dos arbitrajes tras la decisión de la Administración panameña de no renovar el contrato de concesión en diciembre de 2022.
Si no hay un acuerdo respecto al contrato entre la minera y el Gobierno de Panamá, los arbitrajes anunciados por First Quantum podrían activarse de nuevo. Así lo corroboró hace unos días el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, que explicaba que si el contrato: “no es aprobado en la Asamblea Nacional, las demandas de arbitraje internacional continúan pendientes” (ver “Asesorías para redacción de contrato minero han costado 5.9 millones de dólares“, María De Gracia, tvn, 25.09.2023).
El impacto medioambiental y la ampliación de las operaciones de la minera contenidas en el contrato firmado entre Minera Panamá y el Gobierno panameño desataron el rechazo entre organizaciones civiles que han protagonizado diferentes protestas contra el proyecto (ver “Crece el rechazo en Panamá al contrato minero entre el Gobierno y Minera Panamá“, Tercera Información, 03.09.2023).
La retirada del proyecto de ley que respalda el contrato de concesión se pide después de las consultas a las comunidades afectadas: Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón; y La Pintada, en la provincia de Coclé.
Según el documento publicado por la Asamblea Nacional se piden modificaciones al contrato relacionadas con epígrafes como la expropiación de tierras y el espacio aéreo de operación de la mina y su beneficiario final.
Movilizaciones sociales
Organizaciones como Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazan el contrato y han convocado marchas y movilizaciones para cortar vías, además de anunciar una querella contra First Quantum y contra el procurador general de la Nación. Piden que cesen las operaciones en la mina, se declare una moratoria y se haga consulta popular (ver “Alianza Pueblo Unido anuncia cierres de vías para la próxima semana“, Metro Libre, 29.09.2023).
