Un total de 1.200 millones de dólares (US) demanda en arbitraje la compañía Odebrecht a Perú en relación al Gasoducto Sur Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El 4 de febrero se registró la demanda de arbitraje de Odebrecht por la Secretaría del CIADI. La constructora lo hace a través de su filial Odebrecht Latinvest con sede en Luxemburgo por lo que invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Perú-Bélgica-Luxemburgo de 2005.
La cancelación arbitraria del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano en febrero de 2017 y otras medidas que violaron los derechos de Odebrecht Latinvest como “la ejecución de la carta fianza correspondiente”, tal y como refleja el Gobierno peruano en una nota de prensa emitida en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
La terminación del contrato por parte del Estado peruano se debió a la imposibilidad de que el consorcio -formado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás– obtuviera financiación dentro del plazo previsto en la concesión.
La corrupción que envuelve a la empresa Odebrecht es otro de los puntos clave de la demanda. Tras la respuesta del Gobierno con diferentes leyes anticorrupción a los polémicos contratos obtenidos fruto de prácticas fraudulentas por la brasileña, la compañía argumenta que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano no ha sido afectado por tales prácticas.
Las oficinas de Clifford Chance en Lodres, Washington y París llevan la defensa de la constructora.
El Gasoducto Sur Peruano en el centro de otros arbitrajes
El 2 de julio de 2018, la compañía energética española Enagás comunicó el inicio del arbitraje contra el Estado peruano en relación a la controversia relativa a su inversión en el Gasoducto Sur Peruano junto a la brasileña Odebrecht y a la peruana Graña y Montero.
En diciembre de 2017, la compañía española confiaba en llegar a un arreglo amistoso, así lo expresaba en el Hecho Relevante comunicado a la CNMV a finales del año pasado, sin embargo, tras el transcurso de los seis meses de negociaciones las partes no han llegado a acuerdo, por lo que Enagás recurre a la apertura del procedimiento de arbitrajes de inversiones ante Ciadi.
Por su parte la constructora peruana Graña y Montero comunicó el desistimientodel arbitraje presentado ante CIADI a principios de 2020, tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno peruano relacionado con la colaboración en los casos “Lava Jato” y “Club de la Construcción”.
En diciembre de 2019, la constructora presentó una solicitud de arbitraje ante CIADI, tras haber agotado la vía de trato directo con Perú para la recuperación de la inversión en el Gasoducto Sur Peruano. Pero la compañía rectificó comunicando su decisión a la Superintendencia del Mercado de Valoresmado.
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