Análisis

Nueva declaración del “Grupo de Lima” contra las actuales autoridades de Venezuela, por Nicolás Boeglin

Por 11 enero, 2019mayo 17th, 2019Sin comentarios
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A propósito de la nueva declaración del “Grupo de Lima” contra las actuales autoridades de Venezuela. Por Nicolás Boeglin

De cara a la toma de posesión del actual presidente Nicolás Maduro en Venezuela por un nuevo mandato para el período 2019-2025, a celebrarse el 10 de enero de 2019, el “Grupo de Lima” adoptó una nueva declaración suscrita por 13 Estados.

El denominado “Grupo de Lima”: algunos apuntes

Cabe recordar que este grupo de una docena de Estados se conformó en Lima en el mes de agosto de 2017 y ha venido acordando y difundiendo una serie de declaraciones desde entonces sobre la situación imperante en Venezuela. Su creación guarda relación con varios Estados determinados en mantener un tono confrontativo con Venezuela y que intentaron obtener una condena durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en México en junio de 2017, sin lograrlo (véase breve nota nuestra al respeto); posteriormente estos Estados se expresaron colectivamente mediante una declaración conjunta del 26 de julio de 2017 que también suscribió Estados Unidos (véase nota nuestra sobre esta declaración en la que Uruguay aparece entre corchetes, según la versión circulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en aquel momento, mientras que no aparece del todo en la versión circulada por la diplomacia colombiana).

La declaración en breve y la reacción venezolana

Más allá de la premura de algunos a la hora de difundir un texto de esta naturaleza, en esta declaración de enero de 2019 se lee, entre otros puntos, que los Estados suscriptores del texto … “no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019” y que … “instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas” (véase versión completa de la declaración oficial adoptada en Lima el pasado 4 de enero de 2019, y publicada por el sitio del Itamaraty en Brasil, reproducida al final de esta nota como “Documento 1”-siguiente página-).

Como previsible, esta declaración fue inmediatamente rechazada por las autoridades de Venezuela en un comunicado de prensa del mismo día 4 de enero, calificándola de “extravagante” (véase texto completo del comunicado titulado “Venezuela rechaza declaración del autodenominado Grupo de Lima” reproducido al final de esta nota como “Documento 2” -siguientes páginas-). Nótese que los autores de la declaración conjunta consideraron útil (y oportuno) hacer también mención de un incidente marítimo entre Guyana y Venezuela acaecido el 22 de diciembre de 2018, y que constituye un nuevo episodio en la larga disputa que ambos Estados mantienen desde 1962 sobre la región de Esequibo (y las áreas marítimas adyacentes): en marzo de 2018, de manera sorpresiva, Guyana optó por presentar una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota al respecto).

Cabe precisar que esta declaración conjunta constituye un nuevo llamado hecho a las autoridades venezolanas por parte del denominado “Grupo de Lima“, en el que, por vez primera, México deja de aparecer como miembro de este grupo de Estados. Por parte de Centroamérica, participan Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que por parte del Caribe anglófono únicamente participa como firmante de la declaración Santa Lucía.

El acuerdo en el seno del “Grupo de Lima”: breves apuntes

El llamado “Grupo de Lima” no necesariamente recoge las firmas de todos sus integrantes: como en toda colectividad, el acuerdo unánime no siempre se logra. En febrero de 2018, sí logró reunir 14 firmas (véase texto de la declaración). En setiembre de 2018, al condenar el uso de la fuerza militar contra Venezuela que se desprendió de declaraciones a la prensa del actual secretario general de la OEA, solamente reunió 10 firmas (véase breve nota nuestra al respecto). En agosto de 2017, al crearse el “Grupo de Lima“, de 17 delegaciones participantes, fueron 12 las que aceptaron suscribir una declaración sobre Venezuela (véase nota nuestra al respecto).

A finales de setiembre de 2018, se dio a conocer otra iniciativa que posiblemente se gestó desde el “Grupo de Lima“, pero que no logró reunir más que a seis Estados. Se trata de la remisión de una solicitud formal a la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar una investigación sobre Venezuela (véase documento presentado oficialmente a la CPI). Esta gestión contó con el “respaldo total” del secretario general de la OEA (véase comunicado de prensa). Sobre los alcances jurídicos de esta inédita iniciativa, remitimos a nuestros estimables lectores a la nota titulada “Understanding the State Party Referral of the Situation in Venezuela” publicada por el jurista Nicholas E. Ortiz en el sitio de EJIL-Talk.

Más recientemente, fueron ocho los Estados que solicitaron, conjuntamente con Estados Unidos, una reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela, a realizarse este 10 de enero en Washington (véase comunicado oficial de la OEA). El proyecto de resolución fue finalmente adoptado por 19 votos a favor y 6 en contra (véase breve nota nuestra al respecto).

Es probable que la falta de acuerdo sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela haya inclinado a las delegaciones reunidas en enero de 2019 en Lima a adoptar la siguiente formulación que se lee en la declaración conjunta, en la que los Estados firmantes acuerdan: “A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses“.

De igual forma, el anuncio de sanciones fue formulado de tal manera que tampoco se tiene mayor claridad sobre el tipo de sanciones económicas y financieras que tomarán los firmantes del texto, al leerse que acordaron: “B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

El régimen de sanciones establecido en realidad es inexistente, y es una pluralidad de posibles sanciones las que se limita a enunciar la declaración. Desde el punto de vista jurídico, será de interés conocer el detalle de las que se materialicen, sea de forma colectiva (o bien de forma individual), y analizar la respuesta que Venezuela adopte, en virtud de un principio básico en derecho internacional público: el principio de reciprocidad.

Perú anunció el 9 de enero que impedirá el ingreso a su territorio de 93 personas que ostentan algún cargo oficial de importancia en Venezuela (véase nota de prensa de ElComercio), al tiempo que Paraguay anunció otra medida distinta a la peruana: la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Venezuela (véase comunicado oficial de la cancillería paraguaya del 10 de enero de 2019). Por su parte, Brasil se limitó a circular un comunicado de prensa este 10 de enero de 2019 desde el Palacio del Itamaraty (véase texto).

La eficacia de un régimen de sanciones contra un Estado, o contra quiénes ejercen funciones oficiales en este Estado, es un tema sobre el que se ha discutido desde hace muchos años, sin llegar a conclusiones muy certeras. Con relación a Venezuela, al iniciar este 2019, la prensa española informó sobre la venta de repuestos a carros y tanques de combate de Venezuela por parte de España, pese a sanciones emitidas en 2017 por parte de la Unión Europea (UE) en materia de comercio de armas con Venezuela (véase nota de ElPais titulada “España moderniza los tanques de Venezuela pese al embargo de la UE“).

La OEA y sus instrumentos de cara a… la salida de Venezuela de la OEA
En varias partes del texto de la declaración adoptada en estos primeros días del mes de enero de 2019 en la capital peruana, se hace referencia expresa a la OEA. Si se toma en consideración que la OEA cuenta oficialmente con 35 integrantes, el hecho de reunir 10, 12, 13 o 14 firmas evidencia la dificultad para los Estados miembros de esta organización regional en aras de lograr un consenso sobre la situación en Venezuela y sobre las medidas a adoptar.

Pese a esta dificultad, es de notar que en abril de 2019, Venezuela dejará de ser formalmente Estado Miembro de la OEA: ello al surtir efectos jurídicos la denuncia formal del tratado constitutivo de esta organización regional por parte de Venezuela, materializada en abril de 2017 (véase texto completo de la carta del 27 de abril de 2017). Cabe recordar que Venezuela había denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos el 10 de setiembre de 2012, provocando muy pocas reacciones oficiales por parte de los Estados miembros de la OEA (véase breve nota nuestra al respecto).

A modo de conclusión
No cabe duda que esta nueva declaración conjunta exhibe (nuevamente) la división existente en América Latina (y en el hemisferio americano) con relación a la situación imperante en Venezuela. Será de sumo interés analizar las medidas tomadas individualmente por cada uno de los Estados suscriptores de la declaración contra Venezuela y compararlas entre ellas, en aras de evidenciar posibles divisiones dentro del mismo “Grupo de Lima“.

De igual forma, es de interés corroborar cuántos Jefes de Estado de América Latina se hicieron presentes en Caracas este 10 de enero para asistir al acto formal de toma de posesión: fueron 4 en total (Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua). Es de notar que fueron 5 en Brasilia para la toma de posesión del nuevo Presidente de Brasil el pasado primero de enero (Bolivia, Chile, Honduras, Paraguay y Uruguay) y 4 para la del nuevo Presidente de México celebrada en diciembre de 2018 (Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala y Perú).

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