Más de sesenta abogados de todo el mundo, principalmente de la región iberoamericana, han respaldado al abogado y árbitro Gonzalo Stampa ante el anuncio de la Justicia española de procesarlo, con posible pena de prisión, por su papel como árbitro en el arbitraje entre los herederos del sultán de Joló y Malasia.
En la carta sostienen, además, que el Gobierno de Malasia ha anunciado acciones policiales y penales contra los demandantes “calificando su pretensión de tutela jurídica de agresión contra la economía, la paz, la estabilidad y la seguridad del país.”
Los firmantes denuncian que “en este caso concreto parecen estar desconociéndose principios elementales del derecho arbitral, cuya sola consideración debiera bastar para remitir a las partes al dilatado ámbito de la litigación civil.”
Aclaran que, ante los motivos de la instrucción: delitos de intrusismo profesional y desobediencia, la naturaleza de la función del árbitro no requiere título académico, ya que: “puede asumir cualquiera que se halle en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, sin importar, en lo esencial, su cualificación profesional.” En relación al delito de desobediencia citan el “principio de intervención judicial mínima en el arbitraje -de trascendencia constitucional-” y con actuaciones acotadas que: “al regular la supervisión judicial del arbitraje, no mira tanto a la persona del árbitro cuanto a los efectos de sus decisiones”.
Tachan la causa de injusta y piden que no se agrave llevando a Stampa ante juicio oral, lo que supondría el menoscabo de España en su reputación de: “jurisdicción arbitral fiable, neutral, amistosa y segura, donde los árbitros puedan desempeñar sus funciones libre y sosegadamente: con auténtica independencia.”
