La empresa Aenza, antigua Graña y Montero, ha firmado un acuerdo con el Estado peruano y pagará 480 millones de soles por reparación civil, además de desistir de dos arbitrajes que se suman al del arbitraje ante CIADI por el Gasoducto Sur Peruano.
El acuerdo, del que ha informado Aenza a través de un comunicado, establece que Graña y Montero fue utilizada “de forma indebida e ilegal por sus ex directivos para participar en 5 proyectos corruptos hasta el 2016 ejecutados con Odebrecht, y otros del Club de la Construcción.”
En el desarrollo de las negociaciones AENZA aceptó desistir de dos arbitrajes en proyectos que forman parte del Acuerdo y cuya indemnización estimada ascendía a 720 millones de soles.
La compañía reconoce que la que fuera Graña y Montero fue utilizada por sus exdirectivos para
participar en cinco proyectos corruptos hasta 2016 ejecutados con Odebrecht, y otros del Club de
la Construcción.
El Gasoducto Sur Peruano
La constructora peruana Graña y Montero comunicó, en enero de 2020, el desistimiento del arbitraje presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno peruano relacionado con la colaboración en los casos “Lava Jato” y “Club de la Construcción”.
En diciembre de 2019, la constructora presentó una solicitud de arbitraje ante CIADI, tras haber agotado la vía de trato directo con Perú para la recuperación de la inversión en el Gasoducto Sur Peruano. El arbitraje estaba relacionada con el cobro de la deuda con el Estado peruano por el valor contable neto de los activos de la concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” y por la terminación del contrato de concesión en enero de 2017.
