Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El estudio “Investor-state disputes threaten the global green energy transition“, de Kyla Tienhaara, Rachel Thrasheb, B. Alexander Simmons y Kevin P. Gallagher, publicado en Sience el pasado 5 de mayo, advierte de que “La acción mundial contra el cambio climático podría generar más de 340.000 millones de dólares en reclamaciones legales de los inversores en petróleo y gas“. Los autores piden medidas directas para remediar la situación como la rescisión de los tratados bilaterales de inversión o retirar el consentimiento al arbitraje inversor-Estado en procedimientos relacionados con combustibles fósiles.

El análisis ilustra los riesgos legales y financieros que conllevará la limitación que deben seguir los gobiernos a la producción de petróleo y de gas para conseguir los retos climáticos; y da argumentaciones de por qué los gobiernos deberían tomar medidas para evitar que los inversores en estos sectores accedan al arbitraje de inversiones.

En el resumen del artículo, los autores explican que los esfuerzos asociados a mitigar el cambio climático afectarán a los titulares de activos relacionados con la exploración y producción, transporte y almacenamiento lo que conllevará demandas de compensación y en el caso de empresas extranjeras arbitrajes inversor-Estado.

El análisis cita la reciente compilación de artículos, hecha por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para establecer una posible guía y hoja de ruta de la gobernanza internacional en su compromiso para mitigar el cambio climático. Una de las conclusiones de los análisis es que el actual régimen de tratados de inversión es incompatible con los objetivos de la acción climática es una de las declaraciones más contundentes (ver “Investment Treaties and Climate Change. OECD Public Consultation | January – March 2022. Compilation of Submissions“).

Sobre la protección a inversores extranjeros

El atractivo de los tratados de inversión para aumentar la financiación extranjera en los países del sur está, según los autores, en el origen de la firma de miles de estos acuerdo bilaterales o plurilaterales y que protegen a los inversores extranjeros frente a iniciativas gubernamentales y evita su responsabilidad.

Citando expresamente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el análisis expresa que los inversores se han amparado en los tratados para reclamar que ciertas políticas, entre ellas de medio ambiente o salud pública, socavan sus “expectativas legítimas”.

Otros temas como el arbitraje de inversiones y el sector de los combustibles fósiles o las compensaciones billonarias también son tratados en el artículo.

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