Iberdrola ha informado del acuerdo firmado con México para la venta de 12 centrales y un parque eólico. Algunas de estas instalaciones son el centro de varios arbitrajes que mantienen las partes. La transnacional española anunció en su último informe financiero que esperaba los resultados del arbitraje por Topolobambo en este primer trimestre del año, además tiene activos otros conflictos como el de la central Monterrey en Nuevo León que podrían darse por concluidos con la firma de este acuerdo.
El acuerdo se ha firmado con Mexico Infrastructure Partners. Se especifica, en la presentacíon difundida por Iberdrola con motivo de esta operación en México, que la transacción ha sido financiada por instituciones públicas mexicanas.
Mexico Infrastructure Partners fue fundado en 2012 y es el mayor gestor de activos de infraestructuras y energía de México y está formado por cinco fondos públicos en México y un fondo privado en Colombia, entre otros.
Topolobambo y Nuevo León
Iberdrola presentó el arbitraje internacional contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México en marzo de 2021 por una sanción de 16 millones de dólares reclamada por la mexicana por los retrasos en las operaciones de la central Topolobambo.
La compañía española Iberdrola demandó, en un proceso confidencial a finales de diciembre de 2021, al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por un conflicto relacionado con sobrecostos del pago de suministro de gas de una central de Nuevo León.
Otro gasoducto transferido: Hidalgo
Hace unos días, se anunció la cesión por parte de la canadiense ATCO del gasoducto de Hidalgo a México. Una filtración de dos funcionarios mexicanos llegó a la prensa explicando que el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, habría sido el detonante de este acuerdo (“Exclusive: Canada’s ATCO gives Mexico troubled pipeline after damage award -sources“, Dave Graham, Reuters, 30.03.2023).
En octubre de 2022, el arbitraje entre ATCO Pipeline y la CFE se resolvió a favor de la primera con un laudo de 85 millones de dólares emitido por un tribunal de la London Court of International Arbitration (LCIA).