Hydro Energy e Hydroxana, que presentaron un procedimiento para la ejecución del laudo contra España ante tribunales estadounidenses en septiembre de 2021, argumentan que España debe pagar el laudo y que las leyes europeas no lo impiden. El procedimiento de anulación del laudo de este arbitraje presentado por España en el Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sigue abierto.
Las compañías energéticas Hydro Energy e Hydroxana quieren frustrar la demanda de España para desestimar la solicitud de ejecución del laudo de 31 millones de euros, alegando en un tribunal estadounidense que las leyes de la Unión Europea no impiden el pago del laudo.
Según recoge el medio Law360, las energéticas, que presentaron el 25 de abril un escrito de 66 folios, argumentan que las leyes de la Unión Europea no pueden anular el consentimiento de los compromisos adquiridos por España en un tratado para arbitrar las disputas de inversión en virtud del derecho internacional con las naciones de la Unión y de fuera de ella (ver “Hydro Investors Say Spain Waived Immunity In Arb. Case“, Humberto J. Rocha, Law360, 26.04.2022).
En septiembre de 2021, las inversoras en energías renovables presentaron el litigio en un tribunal de Washington DC para ejecutar el laudo de cerca de 31 millones de euros que les concedió el tribunal CIADI del procedimiento en agosto de 2021, que concluyó que España violó el tratado de inversión subyacente tras la retirada de los incentivos económicos a los proyecto de energías renovables.
El tribunal, en su decisión sobre jurisdicción, responsabilidad y quantum, de marzo de 2020, desestimó la reclamación de las demandantes en virtud del artículo 13(1) del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), pero estimó que España podría incumplir el Capítulo 10 del TCE “si y en la medida en que la remuneración de cada una de las plantas de Ondina y Xana no se ajustaba a una tasa de rendimiento razonable después de impuestos en el mercado de las pequeñas centrales hidroeléctricas en España […]” (ver “Decision on Jurisdiction, Liability and Directions on Quantum”, International Arbitration Database).
En octubre de 2020, España presentó una solicitud para la anulación del laudo del arbitraje que aún no ha sido resuelta en CIADI. En diciembre de 2021, la propuesta de recusación de Wendy J. Miles, presidenta del comité ad hoc, fue rechazada por los otros dos miembros del tribunal: el paraguayo José Antonio Moreno Rodríguez, y la danesa Jacomijn J. Van Haersolte-Van Hof los coárbitros..
