El pasado 17 de abril, los propietarios de las farmacéuticas SM Pharma, Raimundo J. Santamarta Devis, y Grupo SM Esamar, Raimundo Esteban Santamarta Ortega, de nacionalidad española, enviaron una notificación de disputa a Venezuela, que precede al arbitraje, por las medidas tomadas por el Gobierno en contra de sus intereses y que, según los demandantes, equivalen a expropiación.
Los demandantes, de origen asturiano, que cifran su demanda en 200 millones de dólares, invocan la violación del APPRI Venezuela-España de 1995 y desean desarrollar una negociación amigable y de buena fe con el Estado Venezolano, antes de iniciar formalmente el arbitraje de inversiones.
Ambos están dispuestos a acudir a arbitraje de inversiones de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o conforme al mecanismo complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI); y se reservan el derecho de hacerlo por separado o conjunto.
Tanto SM Pharma como Grupo SM Esamar son sociedades constituidas en Venezuela e incluían la producción, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, biomédicos y relacionados; además de incluir plantas de distribución, procesadoras, vehículos… Su actividad generó 600 puestos de trabajo.
Se acusa a Venezuela de interferir desde 2015 a través de medidas que han afectado a las inversiones de los españoles, entre ellas: la toma de control de las operaciones, investigaciones que conllevaron la destrucción de materia prima sin compensación, obligación de participar en programas gubernamentales, expropiación arguyendo combate a la “guerra económica”.
Los demandantes están representados por el despachos WDA Legal (Miami); y los abogados implicados son Gilberto A. Guerrero-Rocca y Hernando Díaz-Candia.
One Comment