España ha pedido a un tribunal federal del Distrito de Columbia que desestime la demanda de ejecución de Novenergia II – Energy & Environment (SCA) del laudo de 53,3 millones de euros suspendido por la Corte de Apelaciones sueca tras decisión de la Unión Europea.
La demanda fue presentada por Novenergia II – Energy & Environment (SCA), representados por Latham & Watkins, ante el tribunal federal del Distrito de Columbia que registró el procedimiento el 16 de mayo de 2018. Los demandantes pretendían hacer cumplir a España con el laudo de 53,3 millones de euros emitido por el Tribunal del arbitraje, administrado en la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), y que consideró que las medidas tomadas (relacionadas con la reforma energética de las renovables) fueron radicales e inesperadas.
En esos días se conoció la decisión de la Corte de Apelaciones sueca de suspender de manera indefinida el laudo tras el recurso presentado por el Gobierno español, el tribunal sueco tuvo en cuenta la decisión sobre el caso “Achmea“.
Por otro lado, el 10 de noviembre de 2017 se publicó la Decisión de la Comisión Europea C(2017) 7384, enmarcada en el ámbito del procedimiento iniciado en diciembre de 2014 contra España de apoyo a la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y desperdicio, donde se explica cómo la mayoría de los arbitrajes contra España han sido iniciados por inversores de otros Estados de la UE, por lo que esta situación es contraria al Derecho de la Unión. Esta sería la situación de Novenergia cuya sede está en Luxemburgo, país miembro de la UE.
Después vendrían otras comunicaciones de la UE que la situaban claramente contra el arbitraje inversor-Estado entre Estados comunitarios, entre otros.
Arbitraje: Novenergia-España
Novenergia, que presentó la demanda ante la Stockholm Chamber of Commerce, SCC, en 2015, reclamaba 60,4 millones de euros invocando el Tratado de la Carta de la Energía por las reformas normativas de 2013 que reducían los incentivos a la generación de energía renovable impulsados por el Gobierno español en 2000 y 2005.
El arbitraje fue administrado bajo el Reglamento de la SCC y el tribunal lo componían el sueco Johan Sidklev (presidente), el italiano Antonio Crivellaro, designado por la demandante, y el mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, designado por España.