España no ha logrado que un comité ad hoc formado en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) anulara el laudo de 41,8 millones de euros a favor del fondo luxemburgués 9REN Holding. España presentó nuevos documentos relacionados con un arbitraje que finalizó a su favor.
La defensa de España ha perdido el intento de anular el laudo de 41,8 millones de euros, al que habría que sumar 6 millones de euros en costas del procedimiento y gastos del tribunal más los intereses generados desde junio de 2014.
En junio de este año, España presentó nuevas pruebas relacionadas con el arbitraje de inversiones de las compañías danesas inversoras en energías renovables Green Power y Obton, en el que un tribunal del Instituto de Arbitraje de la Stockholm Chamber of Commerce (SCC) ha dio la razón a España haciendo prevalecer la ley de la Unión Europea sobre el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
En este laudo, el tribunal formado por Han van Houtte (presidente), Inka Hanefeld y Jorge Viñuelas, hace referencia, entre otros, a la Sentencia Achmea, la Sentencia Komstroy y la Sentencia PL Holdings, explicando que todas ellas abordan específicamente los mecanismos de solución de controversias potencialmente aplicables a los litigios intracomunitarios, incluido el mecanismo de arbitraje de inversiones del TCE, donde se aplica plenamente la primacía del Derecho de la Unión Europea.
El comité ad hoc, constituido en CIADI -Fernando Piérola, Nicolas Molfessis y Dário Moura Vicente- ha concluido que los procedimientos no pueden compararse.
Arbitraje 9REN v. España
El 21 de abril de 2015, la Secretaría General de CIADI registró la solicitud de arbitraje de 9REN que reclamaba una indemnización de 52,20 millones de euros por las reformas energéticas emprendidas por el Gobierno de España que afectaron al sector de las energías renovables, incluido un impuesto del 7% sobre los ingresos de los generadores de energía y una reducción de los subsidios para los productores de este tipo de energía.
9REN Holding obtuvo en junio de 2019 el laudo a su favor y solicitó ante un tribunal estadounidense la ejecución contra España acusándola de enturbiar el procedimiento mediante la presentación de expertos y argumentando que consintió al arbitraje cuando firmó el Tratado de la Carta de la Energía. En julio de 2019, España presenta en CIADI la solicitud de rectificación del laudo y en abril de 2020 da inicio al intento de anulación.
El 15 de enero de 2020, España presentó una moción para desestimar el caso por falta de jurisdicción argumentando que el laudo no es válido bajo leyes de la Unión Europea. El procedimiento ha estado suspendido a expensas de la decisión del comité de anulación del CIADI.
