El Tribunal Constitucional español revisará la anulación del laudo del arbitraje entre las plataformas de VTC Cabify y Auro que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció en 2021. El conflicto entre las dos compañías de alquiler de vehículos de turismo con conductor giraba en torno a la exclusividad de Auro respecto a otras compañías de VTC.
Auro ya anunció en noviembre de 2021 que recurriría al Consitucional tras la decisión del TSJM de anular el laudo, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional español, que respaldaban la figura del arbitraje y el abandono de los criterios judiciales sobre el control de los laudos.
El recurso admitido por el Tribunal Constitucional supone la revisión de la decisión del TSJM e implicaría la libertad para que Auro opere con otras plataformas de VTC, tal y como admitió el tribunal del arbitraje, administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid, y formado por Ignacio Díez-Picazo, Luis Felipe Castresana y Juan Cadarso, que incluyó un voto disdente.
La decisión del TSJM
La Sala de lo Civil del TSJM, con opinión disidente de su presidente Ceslo Rodríguez Padrón, consideró que el laudo del arbitraje contenía un error que le capacitba para analizar el fondo del asunto por no estar motivado constitucionalmente de manera relevante: “[…] estamos ante una carencia absoluta de motivación, que ésta es más aparente que real al sustentarse en unas premisas de enjuiciamiento equivocadas”.
El 22 de octubre de 2021, el TSJM sentenció que Auro no tiene permitido trabajar con otras compañías de VTC y consideró que el laudo excluyó el Derecho de la Unión Europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE aplicables: “[…] el Tribunal Arbitral ha excluido sin el menor fundamento la aplicación del derecho de la Unión Europea. Al proceder así ha incurrido realmente en un déficit de motivación constitucionalmente relevante”.
El conflicto entre Cabify y Auro
El arbitraje entre Cabify y Auro para determinar si la no exclusividad de ésta última era legal en base al contrato mantenido entre ambas subyacía en la iniciativa de Auro de poner funcionamiento en 2019 una aplicación, para empresas y organismos públicos, al margen del su socio, supuestamente por incumplir Cabify el contrato que mantenían y para evitar la infrautilidad de sus conductores.
Cabify exigía exclusividad por parte de Auro -violada por la puesta en funcionamiento de la nueva app- y denunciaba impagos correspondientes a la tasa de servicio.
