El 14 de mayo de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) español publicó la denuncia de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y del Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados.
En el documento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación refleja que el 16 de abril de 2024, España remitió “Nota Verbal” al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa denunciado el tratado firmado en Lisboa en diciembre de 1994.
La denuncia será efectiva para España el 17 de abril de 2025, un año después de la recepción de la petición, pero las protecciones a los inversores apoyadas en el TCE tendrán efecto durante 20 años tras la notificación de retirada.
Hace unos meses, el último país en aprobar la renuncia al TCE fue el propio Portugal que el 1 de febrero de 2024 notificó oficialmente su retirada.
A finales de abril, el Parlamento Europeo aprobó la retirada de la Unión Europea del TCE. Su aprobación era necesaria para hacer efectiva la salida.
La Comisión Europea propuso la retirada coordinada en julio de 2023 ante la falta de consenso para conseguir una mayoría cualificada hacia la modernización del tratado. La Comisión hizo esta proposición para “garantizar la igualdad de trato de los inversores en toda la UE y fuera de ella” y porque “ya no es compatible con la mayor ambición climática de la UE en el marco del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París”, después de que Alemania, España, Francia y Países Bajos se abstuviesen en la votación para dar un mandato a Bruselas.
La salida, tras la incapacidad de llegar a un acuerdo para la modernización del TCE, implicará a todos los países de la Unión.