España gana arbitraje a minera canadiense sobre proyecto de oro en Corcoesto

España ha ganado en París un arbitraje UNCITRAL contra la minera Corcoesto, propiedad de la canadiense Edgewater y que operó la mina de oro del municipio gallego de Corcoesto, en A Coruña. El procedimiento comenzó en 2016 y se originó por la finalización de la concesión, por parte de la Xunta de Galicia, en la que la empresa ya había invertido 35 millones de dólares.

El arbitraje invocó el tratado bilateral de inversiones España-Panamá y se ha administrado bajo reglas de Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL).

Según el comunicado emitido por Edgewater el 14 de abril de 2020, tras una audiencia celebrada en París en abril de 2018, el Tribunal Arbitral rechazó, por unanimidad, cuatro objeciones jurisdiccionales de España, pero confirmó, por mayoría de dos contra uno, una de las objeciones hechas por la defensa del país desestimando la reclamación de la minera. El árbitro que emitió una opinión disidente se basó en que la decisión de la mayoría erró tanto en la ley, como en los hechos; y que el Tribunal tenía jurisdicción y debería haber decidido los méritos del reclamo.

Tras la conclusión de los hechos, la compañía se plantea interponer un procedimiento de anulación ante tribunales franceses.

Para Antolín Fernández Antuña, abogado del equipo que representó al Reino de España en la audiencia de este arbitraje en París: “es otra gran victoria para España, en esta ocasión en un complejo arbitraje de inversión en el sector de la minería“.

En 2018, la Sala de lo Contecioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló la decisión de la Xunta de paralizar la mina de oro, basada en la falta de solvencia financiera y técnica del proyecto. Y en marzo de 2019, el Tribunal Supremo respaldó esta decisión (ver “La minera de Corcoesto pierde la principal batalla judicial definitivamente“, GaliciaPress, 15.03.2019).

Historia del conflicto

En octubre de 2015, la Xunta de Galicia emitió una resolución declarando la caducidad de las concesiones mineras para el Proyecto de Oro Corcoesto terminando así su concesión.

Edgewater, a través de un comunicado, consideró que esta declaración y las acciones relacionadas del Gobierno gallego eran “manifiestamente ilegales y violan las obligaciones del Reino de España en virtud del derecho internacional”. Y expuso su intención de ejercer todos los recursos disponibles para proteger los derechos y los intereses de sus accionistas, incluido el arbitraje internacional.

Corcoesto pedía de inmediato una compensación total por la pérdida de inversión y oportunidad.

Edgewater anunciaba la contratación del despacho Three Crowns LLP, así como el recurso a la financiación de terceros gestionado por ClaimTrading Ltd, un corredor de financiación de litigios.

En declaraciones de George Salamis, presidente y CEO del Proyecto de Oro Corcoesto, la inversión realizada en estudios de ingeniería y ambientales y perforación de definición de recursos ascendía a 35 millones de dólares. Según el CEO obtuvieron la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en diciembre de 2012.

Defensa del Medioambiente en medio de la explotación minera a cielo abierto

En agosto de 2012 se comenzaban a escuchar las primeras voces contra la explotación del proyecto. El movimiento “Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños” denunciaba la destrucción de cerca de 800 hectáreas de bosque antiguo y daños a los recursos naturales y al medio ambiente. Los desechos considerados por Edgewater, con concentraciones de arsénico y níquel muy elevadas y su posibilidad de contaminar las aguas regionales, estaban también en el centro de la polémica.

La Fiscalía de Medio Ambiente abría diligencias de investigación penal contra el proyecto por el uso de tecnología altamente contaminante en un área de especial interés natural, en el que se encuentra también una reserva de aves (ver “La fiscalía investiga la mina de oro de Corcoesto“, El País, 10.08.2012).

Un año después, en el verano de 2013, el informe universitario “Potencial movilización de arsénico en los materiales geológicos y residuos mineros de Corcoesto: Una revisión crítica“, realizado por David A. Rubinos, Rosa Devesa-Rey, Francisco Díaz-Fierros y María Teresa Barras, investigadores de las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo, denunciaba altas concentraciones de arsénico disuelto en aguas manantiales: “La movilización de arsénico, si no se adoptan las medidas oportunas, podría acarrear graves efectos sobre el medioambiente y la salud pública de las poblaciones expuestas. La presencia previa de arsénico en las aguas de la zona (particularmente en las subterráneas) no justifica la liberación de elevadas cantidades de arsénico soluble y/o asociado a partículas a los cursos de agua superficiales (con niveles de arsénico inferiores) y a las aguas subterráneas, sino más bien un agravante” y pedía un plan de control analítico y estudios epidemiológicos a la población.

La mina está aproximadamente a 36 km de A Coruña y fue explotado en origen por los romanos. Varias mineras han sido activas en el área desde hace unas décadas.