La compañía española Enagás ha informado de que espera que el laudo del arbitraje que mantiene contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) se emita en los próximos seis meses. En abril, la española ya comunicaba su confianza en recuperar la inversión hecha en el proyecto tras la terminación del contrato de concesión por parte del Estado. En el documento, la empresa aclaraba que el GSP no se había relacionado “de forma probada e irrefutable” con los casos de corrupción registrados en Perú. En esta concesión también participaban las empresas Odebrecht y Graña y Montero.
El arbitraje fue iniciado por Enagás, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), para recuperar la inversión realizada antes de que se cancelara el proyecto en 2018 en virtud del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) España-Perú.
El 8 de enero de 2023, la compañía volvió a informar, en documento enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, de que el laudo “se encuentra en un estado avanzado y se espera que el mismo se emita durante el primer semestre de 2024″.
El tribunal de este arbitraje lo forman Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por los demandantes; y Claus von Wobeser (mexicano y alemán), nombrado por la demandada.
El conflicto
En septiembre de 2017, Odebrecht anunció su intención de llegar a arbitraje internacional con Perú por la rescisión del contrato sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano, concesión de la que formaba parte junto a la española Enagás Internacional y la peruana Graña y Montero.
Enagás solicitó a Perú el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional.
La construcción del gasoducto suponía una inversión de más de 7.000 millones de dólares.
Dos arbitrajes abiertos con Perú en CIADI
La compañía energética española abrió, el 23 de diciembre de 2023, otro frente en CIADI con la presentación a finales de 2021 de otra demanda de arbitraje de inversiones.
Ambas partes cuentan en este caso con los mismos despachos que en el primer procedimiento (Linklaters, Madrid y Washington, y CMS-GRAU, Lima, en el caso de los demandantes; y Arnold & Porter Kaye Scholer, Washington y Londres, en el caso de Perú).
El tribunal de este arbitraje lo forman Lawrence Collins (presidente), Guido Santiago Tawil (designado por la demandante) y Mónica Pinto (designada por Perú).
