El británico Christopher Greenwood es el presidente, y el suizo Charles Poncet (designado por el demandante) y el austriaco August Reinisch (designado por la demandada) los coárbitros de un arbitraje en el que se Odebrecht pide un total de 1.200 millones de dólares (US) a Perú en relación al Gasoducto Sur Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

El 4 de febrero se registró la demanda de arbitraje de Odebrecht por la Secretaría del CIADI. La constructora lo hace a través de su filial Odebrecht Latinvest con sede en Luxemburgo por lo que invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Perú-Bélgica-Luxemburgo de 2005, por la cancelación arbitraria del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano en febrero de 2017 y otras medidas que violaron los derechos de Odebrecht Latinvest como “la ejecución de la carta fianza correspondiente”, tal y como reflejó el Gobierno peruano en una nota de prensa emitida en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

La terminación del contrato por parte del Estado peruano se debió a la imposibilidad de que el consorcio -formado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás– obtuviera financiación dentro del plazo previsto en la concesión.

Christopher Greenwood ha participado en otros 17 arbitrajes CIADI, en nueve como presidente (ej. Sun-Flower Olmeda v. España), en un proceso de Anulación, en tres como coárbitro, como counsel en otros tres y en dos como experto.

Charles Poncet cuenta en su haber con 13 arbitrajes más CIADI y en todos ellos ha formado parte del tribunal como coárbitro (ej. Dominion Minerals v. Panamá; Carlos Sastre v. Mexico; Angel Samuel Seda v. Colombia; Air Canada v. Venezuela).

August Reinisch forma parte del Panel CIADI de árbitros y conciliadores designados por Austria desde 2008 y, hasta el momento, ha participado en siete procedimientos CIADI, además de este: en tres de ellos como experto (Siemens-Argentina o Camuzzi International SA-Argentina), en los otros tres como miembro del Comité de anulación, como coárbitro (JGC Holdings-España) y como presidente.

En febrero de 2020, Perú, a través de su Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) manifestó su negativa a mantener encuentros amistosos en relación con este arbitraje y a raíz de una carta recibida en la que Odebrecht le pide a Perú reunión para realizar “tratativas amistosas”.

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