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Ecuador de vuelta al arbitraje de inversión. Una fórmula que Venezuela debe replicar. Por Gilberto A. Guerrero-Rocca*.

Durante la década pasada Ecuador asumió diferentes políticas públicas en abierto rechazo al arbitraje de inversión y a los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI). Incluso, la nación asumió el liderazgo en un movimiento de ‘reacción contra el arbitraje de inversión’1 y de ‘anti-tratados de inversión,’ al que Venezuela se plegó parcialmente con su denuncia del tratado internacional conocido como Convenio CIADI.

Las medidas adoptadas por Ecuador en contra del arbitraje de inversión y de los TBI incluyeron desde:

(i) la denuncia del Convenio CIADI (luego de Bolivia y antes que Venezuela),2

(ii) liderar la propuesta de creación de un órgano alternativo al CIADI en el marco de la UNASUR,3

(iii) incluir en su Constitución una disposición que –aunque confusa y ambigua- tenía el efecto aparente de prohibir al arbitraje de inversión,

(iv) denunciar todos los TBI en vigor, y

(v) la redacción de un ‘TBI modelo’ para Ecuador con una visión restrictiva de lo que debe entenderse como ‘inversión’ extranjera e imponer la carga de agotar los recursos internos a los inversionistas antes de iniciar cualquier reclamación arbitral internacional.

Las medidas estatales consistentes en denunciar todos los TBI y la de redactar un ‘TBI modelo’ para Ecuador fueron parte de las recomendaciones del reporte final emitido por la CAITISA4, una comisión presidencial ordenada por el expresidente Rafael Correa para auditar los TBI, analizar los procesos arbitrales concluidos o en curso, y finalmente formular recomendaciones para el futuro. Algunos opinan que algunos reveses sufridos por Ecuador en arbitraje5 pueden haber sido parte del impulso indirecto al gobierno ecuatoriano para crear esa comisión.

*Stanford University, JSM. Universidad Francisco de Vitoria (España), Máster en Derecho de los Negocios. Profesor Arbitraje (UCAB). Florida International University College of Law, International Legal Program Manager. Abogado (UCAB) summa cum laude. Socio de WDA Legal. (Gilberto.guerrero@wdalegal.com y giguerre@fiu.edu). Para un análisis más amplio del tema, véase nuestro trabajo “The Prodigal Son Comes Home: Ecuador Returns With Investment Arbitration” World Arbitration & Mediation Review (WAMR). 2017. Vol 11. Issue 4 (forthcoming). Las posiciones y opiniones aquí postuladas son exclusivas del autor, se diseminan sólo para estimular el intercambio científico y académico, y no comprometen a WDA legal ni a sus clientes.

1 Véase, entre otros a M. Waibel, The Backlash against Investment Arbitration: Perceptions and Reality (Kluwer Law International, 2010). C. Schreuer, Why Still ICSID? 9 Transnational Dispute Management (2012). .
2 Ecuador notificó al Banco Mundial el 6 julio 2009, y su formal separación tuvo lugar el 7 enero de 2010 (Art. 71, Convenio CIADI).
3 M. Gómez, The South American way: Sub-regional integration under ALBA and UNASUR and international dispute resolution. Hungarian Journal of Legal Studies 58.4 (2017): pp. 449-457.
4 Mediante Decreto Supremo No. 1506 (6 de mayo, 2013) se creó la Comisión para la Auditoria General Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y el Sistema de Arbitraje Internacional.
5 Ejemplo: caso Occidental v. Ecuador (Oxy II, CIADI No. ARB/06/11/). Laudo de $2.300 millones dictado en octubre, 2012. Decisión de anulación en nov. 2015 por el cual se redujo en un 40% la condena a $1.300 millones.

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