La Procuraduría General del Estado de Ecuador ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa para prevenir que el Estado llegue al arbitraje internacional. Se prevé una reducción de al menos un 1% de litigios que suponen unos 570 millones de dólares al año para un Estado que enfrenta, en la actualidad, 34 arbitrajes internacionales activos.

El 23 de noviembre, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso presentó la iniciativa: “Procuraduría del Futuro”, como un moderno modelo de gestión impulsado por la Procuraduría General del Estado (PGE), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Lasso explicó que el objetivo fundamental es: “fortalecer la institucionalidad del Estado y capacitar a los funcionarios para servir mejor a la ciudadanía.”

Los objetivos del proyecto son:

  1. reducir la conflictividad judicial del Estado,
  2. capacitar permanentemente al personal jurídico de la PGE y entidades estatales incluidos los gobiernos locales; y
  3. crear una plataforma tecnológica que apoye en los procesos que llegan a esa institución.

Durante la presentación se dieron a conocer los litigios que actualmente enfrenta la PGE: 102.450 procesos nacionales y 34 internacionales activos, sin contar con los que se suman a lo largo del tiempo y los que se libran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos – que representan más de USD 57.000 millones en demandas.

El mandatorio dejó clara la importancia de trabajar de una manera más eficiente y dirigida en los litigios: “Si reducimos el 10% de procesos, evitaríamos pagar USD 5.700 millones, un monto mucho menor que nuestro actual déficit fiscal. Esos recursos podrían ser direccionados a salud, educación, empleo y seguridad”.

El Procurador General del Estado Íñigo Salvador explicó que el proyecto nace para evitar que Ecuador malgaste sus recursos en costosos litigios y que es indispensable una modernización de la gestión para prevenir conflictos: “Según la propuesta se creará un Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado dirigido por la PGE (…). El cuerpo de procuradores actuará con enfoque preventivo, con énfasis a los procesos antes de
que lleguen a instancias judiciales con el objeto de disminuir la conflictividad judicial, reducir el riesgo fiscal y pasivos contingentes estatales, e incrementar progresivamente la seguridad jurídica y cultura de paz para ciudadanos”.

El BID ha concedido un préstamo de USD 5 millones para ejecutar este proceso que se inició en 2019 y termina en 2023. Previendo una reducción de al menos 1% de casos, permitirán un ahorro de USD 570 millones al año.

El 1 de diciembre se inicia fase de prueba y ajustes del nuevo modelo de gestión y a finales de mes se aprobará definitivamente. El 1 de enero 2022 comenzará su implementación.

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